La Real Academia Española define impune como alguien que queda sin castigo. Pero podría ampliar la acepción para definir la conducta de algunas personas que, aún castigadas, se sienten con la libertad de hacer lo que les está prohibido porque sienten que no les va a pasar nada.

El represor Jorge Omar Lazarte, como publicó PáginaI12 en el pirulo de tapa de este domingo, violó el beneficio de estar preso en su casa y si no hubiese sido porque se olvidó la tarjeta de crédito en el restaurante de Coghlan en el que decidió disfrutar de un almuerzo, tal vez hubiese seguido moviéndose cual ciudadano libre. Resulta que la camarera se tomó el trabajo de guglearlo y denunciarlo a la justicia. Está detenido en Campo de Mayo y el próximo viernes tiene una teleconferencia con la justicia tucumana: si no tenía permiso para esa salida, seguirá preso.


El hombre es porteño. Fue un oficial de inteligencia que operó en Tucumán el Operativo Independencia y tiene tres condenas, una de ellas a perpetua. "Yo creo es que esto hace necesaria una evaluación de la manera en la que se controlan las domiciliarias que los tribunales les otorgan a los represores y a las que nosotros nos oponemos sistemáticamente", dijo a PáginaI12 Pablo Camuña, fiscal federal a cargo de la fiscalía ante el tribunal que condenó a Lazarte. El viernes, el represor --que vive en Buenos Aires-- tendrá una videoconferencia con la justicia tucumana para hablar de su almuerzo y de otras salidas por presuntos problemas de salud que no coinciden con los registros de su obra social. Si no puede probar que cada salida tuvo una justificación válida, el represor seguirá preso.

"Empezamos a notar que había pedido una serie de permisos para salidas a médicos que no tienen se corroboran con la información de la obra social. Este hecho nos coloca frente la necesidad de revisar todas las condiciones de libertad porque además este hombre estaba con tobillera electrónica y se ve que no le importó", dijo a este diario Camuña. Y agregó que tuvieron otro caso similar: el del represor Jorge Gerónimo Capitán, que también violó la prisión domiciliaria.

Camuña da cuenta de una realidad preocupante en la provincia de Tucumán: de alrededor de 80 condenas a represores una sola era efectiva hasta que se sumó el caso de Lazarte. El 95 por ciento de los genocidas tienen prisión domiciliaria. "Fuimos a Casación en incontables oportunidades a quejarnos de este tema", dijo. La situación se hizo más laxa durante los cuatro años de gobierno de Mauricio macri, que consideraba "un curro" los derechos humanos, hablaba del terrorismo de Estado como "guerra sucia" y dejó que se abriera la discusión sobre la cifra de 30.000 desaparecidos en el país durante la última dictadura cívico militar.

La denunciante relató que no era la primera vez que el hombre asistía al mismo local. Ese día, aparentemente, tenía permiso para ir al médico, pero no para disfrutar de un almuerzo al sol. Lazarte no sólo está condenado por su rol en el Operativo Independencia: tiene dos condenas más. Una por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como "Villa Urquiza" y otra llamada "Arsenales II". En ambas fue juzgado en Tucumán.

El Operativo Independencia, por el que Lazarte tiene perpetua, un hecho de 1975 que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón generó una masacre cuando su gobierno ordenó el uso de las fuerzas militares para la represión y el exterminio en la provincia de Tucumán del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Amo y señor de la vida y la muerte en esa etapa de su vida y a pesar de la condena, Lazarte debe haber creído que seguía gozando de los beneficios de la impunidad con la que se manejó tanto tiempo. Por suerte, los hechos lo contradicen.



Lunes, 9 de marzo de 2020