El líder izquierdista percibirá un sueldo de 108.000 pesos mensuales (5700 dólares), el 40% de lo que gana el actual mandatario Enrique Peña Nieto. Asimismo, se eliminarán fueros y privilegios para funcionarios públicos.

En línea con muchas de sus promesas de campaña, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó su Plan de Austeridad Republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios a través de 50 puntos. Uno de los puntos más llamativos es que el líder de Morena percibirá un salario de 108.000 pesos mensuales (unos 5700 dólares), el 40% de lo que gana el actual mandatario, Enrique Peña Nieto. “Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso”, dijo y lo ovacionaron.

El futuro mandatario de México, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, describió el domingo los 50 puntos de este programa de austeridad, que aseguró que acabará con los métodos de la política tradicional. “Este plan es importante porque es la suma de las principales acciones para combatir la corrupción y lograr austeridad republicana en el Gobierno”, afirmó en rueda de prensa desde sus oficinas en Ciudad de México y agregó: “Para que se aplique lo que decía (el presidente) Benito Juárez, para que el funcionario viva en la justa medianía”.

En esencia, el Plan de Austeridad Republicana busca un mayor ahorro del gasto corriente de la Administración pública para poder canalizar los recursos a programas sociales como la pensión universal para adultos mayores y el programa de becas y prácticas profesionales remuneradas para jóvenes. Aunque este domingo no dio cifras, el pasado sábado explicó que este conjunto de medidas deben ayudarle a recuperar al menos 500.000 millones de pesos (unos 26.427 millones de dólares), que destinará, según dijo, al desarrollo del país. Para llevar a cabo este plan, López Obrador explicó que se presentarán las leyes necesarias al Congreso.

Algunos de los 50 puntos son conocidos porque formaron parte de su campaña. Por ejemplo, la reforma de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción y la cancelación de las pensiones de los ex presidentes. También la conversión de la residencia oficial de Los Pinos en un espacio cultural. Asimismo, se eliminarán fueros y privilegios para funcionarios públicos y se considerarán delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción y el robo de combustibles. Los puntos tocan cuestiones tan amplias como que habrá transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios, que no se adquirirán vehículos nuevos, que se cancelarán gastos médicos y que se limitarán los viáticos. Para eliminar la alta burocracia, también se prevé reducir el 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación. Además, en línea con el salario del presidente, los funcionarios que perciban más de un millón de pesos anuales (52.826 dólares) también padecerán ajustes de hasta la mitad de su nómina.

Asimismo, el plan especifica que habrá un gran control en licitaciones y compras públicas, se prohibirá la convivencia entre funcionarios y contratistas y se favorecerá la transparencia y legalidad en las obras públicas, con observadores ciudadanos y de las Naciones Unidas. Además, en las contrataciones internacionales se buscará que las empresas ganadoras provengan de países que combaten la corrupción.

Martes, 17 de julio de 2018