La nueva legislatura pretende cumplir con “el mandato” de Puigdemont de continuar hacia la independencia, pero carece del apoyo de sus antiguos aliados de la CUP. La oposición le critica que represente sólo a una parte de la ciudadanía.

Cataluña tiene, por fin, gobierno; tiene, por fin, autogobierno. Tras siete meses de intervención estatal, el Parlamento regional dio el sí al candidato propuesto por Carles Puigdemont, Quim Torra, y el paréntesis abierto en octubre por el gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 se cierra. Por delante, no obstante, la incertidumbre persiste, empezando por el “caracter provisional” que Torra manifestó darle a su legislatura durante el primer debate de investidura de este sábado, y siguiendo por la situación judicial en la que se halla gran parte del anterior gobierno catalán, encarcelado en Madrid o fugado en el exterior.

A dos votos de ser investido en primera vuelta y con la mayoría justa que tiene en la Cámara regional el bloque independentista –66 votos a favor frente a los 65 en contra de Ciudadanos, los socialistas, Catalunya en Comú y el PP– y el “favor” de las cuatro abstenciones de la CUP, un hasta ahora desconocido Quim Torra se convirtió en el 131 president de la Generalitat. Enarbolando el mandato explícito que Puigdemont le dio desde Alemania –continuar su trayectoria hacia una República catalana– el discurso del flamante president levantó duras críticas entre la oposición.

Quim Torra promete “trabajar para la república” y ser “leal al mandato del 1 de octubre [día del referéndum soberanista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español]”, lo cual fue considerado por los partidos no independentistas como una interpelación exclusiva hacia el sector de la población que apoya la secesión. El Partido Socialista Catalán (PSC) expresó su alarma ante el Parlament a través de su líder, Miquel Iceta, que advirtió que la mayoría independentista de la Cámara “no se corresponde con una mayoría social ni un mandato democrático para la república”, como defiende Torra. “¿Será presidente de este Govern o de Puigdemont?”, inquirió al nuevo president Xavier Domènech, líder de la coalición integrada por Podemos, Catalunya en Comú. Esta formación le recuerda a Torra que Cataluña es “un país de identidades mixtas” y le recrimina que “el suyo haya sido un buen discurso para Puigdemont y para convencer a la CUP, pero no para el conjunto del país”. En la misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó de “decepcionante” el discurso de investidura del candidato de Junts per Catalunya (JxCat) por estar “más destinado a consolidar el independentismo que a buscar puentes y propuestas transversales”, lo cual le produce la sensación de estar “en bucle”, según declaró a la radio local Catalunya Ràdio.

Quim Torra, sin embargo, no parece dispuesto a dar el brazo a torcer y, fiel a su larga trayectoria como activista por la independencia, asegura haber llegado para desatascar el bloqueo en el que se encuentra Cataluña desde octubre del año pasado, cuando el Partido Popular (PP), en alianza con los socialistas (PSOE) y Ciudadanos, suspendió la autonomía regional y se hizo con el control de sus cuentas e instituciones. Así, Torra justifica haber aceptado el encargo del ex president prófugo en Alemania como “la mejor forma de rehacer nuestro país del ataque del 155”. Su programa se basa en la elaboración de un proyecto de “constitución” catalana, “las políticas de progreso social, de prosperidad económica para crear riqueza y redistribuirla” y “la internacionalización del caso catalán”, tal como defendió ante el Parlamento en sus debates de investidura.

Pero todo esto es a modo de “transición”. No solo Torra así lo manifestó en su asunción, afirmando que el presidente “legítimo” tiene que ser Puigdemont y, por lo tanto, la apuesta es intentar por todos los medios materializarlo, sino que el ex mandatario fugado también lo confirmó simultáneamente en una entrevista al diario italiano La Stampa. “Si sigue la persecución”, dijo Puigdemont, “la fecha de unas elecciones anticipadas podría ser a partir del 27 de octubre”, evocando el primer aniversario de la aplicación del 155 tras la declaración unilateral de independencia que luego quedó sin efectos. La inestabilidad vendría dada, por un lado, por la presión del Gobierno central que no demuestra intenciones de aflojar –Rajoy advirtió que estaría atento a cualquier movimiento de Torra porque “no le gustó lo que vio”– y, por otro, la del partido anticapitalista CUP, que conformaba el bloque independentista mayoritario y que ahora aseguró que no respaldará al nuevo Govern, según ellos, instalado en “un acto de vasallaje con el Estado”.

Para unos demasiado “radical”- así lo calificó Inés Arrimadas, líder del partido españolista Ciudadanos- y para otros demasiado “blando”, como por ejemplo para la CUP, el ala más extrema del secesionismo. En cualquier caso, el barómetro que mide al flamante president sigue respondiendo a la escala del independentismo, cuánto hará o dejará de hacer para que Cataluña se separe de España es lo que define el apoyo o rechazo que coseche. La polarización de la política y la sociedad deja nuevamente su impronta, tal como lo hizo en los comicios del 21 de diciembre, cuando Ciudadanos obtuvo la victoria en votos pero la mayoría en el Parlament quedó en manos del bloque independentista formado por JuntsxCat, Esquerra Republicana y la CUP. Ahora, una reciente actualización del pulso popular mediante la encuesta publicada por el Centre d’Investigaciones Sociològiques (CEO) muestra que los partidarios por la independencia volvieron a crecer y conforman el 48% de la población- tras caer a mínimos del 40,8 % en el último trimestre de 2017- pero siempre a una distancia muy escasa del porcentaje que defiende la pertenencia a España.

En paralelo al devenir político-y a veces incluso por delante de él- desde el pasado octubre es el que hacer judicial el que marca el ritmo de las cosas, por lo que también esta nueva legislatura estará supeditada a las decisiones del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. A la espera de que Alemania, Bélgica, Suiza o Escocia decidan sobre la entrega de los ex miembros del Govern que se exiliaron allá para escapar del proceso por rebelión que puso en prisión provisional a otros nueve líderes independentistas, la Justicia española sigue adelante con los procedimientos para que el juicio que podría terminar con penas de hasta 30 años se celebre cuanto antes. El juez Llarena la semana pasada decidió abrir una pieza separada relativa a los que prefirieron huir de España, lo que permitirá que el proceso contra el resto siga adelante sin contratiempos y los 23 procesados por rebelión, malversación o desobediencia puedan ser enjuiciados en septiembre u octubre.

Martes, 15 de mayo de 2018