El Juzgado Federal de Ins­trucción de Paso de los Li­bres sigue siendo una zona caliente y no por su acti­vidad meramente judicial. Ayer se supo que todos los funcionarios judiciales de esa dependencia e incluso empleados administrativos pidieron peritar tanto sus teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico como el acceso a sus redes sociales personales. La sospecha es que todos esos dispositivos electrónicos están pincha­dos y están siendo espiados por piratas informáticos.

Desde teléfonos celulares hasta la penetración a redes sociales perso­nales. La denuncia se radicó en la fis­calía nacional del cibercrimen.



¿Paranoia? No, las sospechas se sostienen en el descubri­miento en febrero pasado de que el juzgado era espiado a través de un sistema remo­to, se cree, conectado a las cámara de seguridad. A eso se sumó el extravío de ocho cuerpos de la causa judicial que tiene como principal imputado en una causa pe­nal al gobernador Ricardo Colombi. Es el expediente que investiga cómo el man­datario provincial cuando era diputado nacional en 2006, recibió como dona­ción un lujosa mansión ubi­cada en la capital provincial. Esos cuerpos de expedien­tes extraviados aún siguen siendo rastreados por la jueza federal subrogan­te Cristina Pozzer Penzo. Cada uno de los cuerpos posee 200 páginas y es la parte medular de una cau­sa que desvela al jefe de Estado provincial desde hace años.

Los hechos de espionaje informático fueron presen­tados en la Fiscalía Nacional de Cibercrimen esta sema­na, la presentación se hizo en base a episodios en que funcionarios del juzgado libreño sospechan que sus teléfonos celulares son ob­servados y manejados a dis­tancia. Por ejemplo, desapa­rición de contactos, de foto­grafías y el apagado y encen­dido sin que sus propietarios ejecutaran esas acciones. La situación se extienden a los secretarios del juzgado e in­cluso a los empleados admi­nistrativos.

En el pedido de investi­gación hacen notar que “la situación es un hecho grave que afecta a la intimidad de las personas y que también expone a los familiares de los funcionarios”.

Sospechan que las viola­ciones están relacionadas a causas en las que se inves­tigan a un grupo de empre­sarios acusados por contra­bando de divisas y lavado de activos.

Es que los funcionarios también intervienen en una causa en la que se investiga una organización de trata de personas que regentea­ba prostíbulos de la ciudad fronteriza del Sur provincial.

En el contexto de estas dos causas judiciales se des­cubrió que el ahora ex fiscal Benito Pont pudo haber te­nido vinculación con los in­tegrantes de ambas bandas y se sospecha que los prote­gió, según la acusación que hicieron los funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la Procuraduría de Crimi­nalidad Económica y Lavado de Activos.

“Las causas en las que se trabajan tocan muchos inte­reses, y seguramente existen a quienes les molesta que se exponga a la sociedad el trabajo que se realiza”, dijo a este medio un trabajador del fuero federal. s

Viernes, 16 de diciembre de 2016