El joven tenía 22 años cuando fue asesinado de un disparo al corazón durante un operativo policial, la madrugada del 20 de diciembre de 2001, en plena crisis nacional. Pasó a ser una de las 26 víctimas del conflicto social, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, y debieron esperar más de 15 años para que todos los responsables fueran encarcelados.

Hace dos semanas, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia puso fin, después de casi 15 años, a uno de los crímenes más controversiales ocurridos en la Capital en los últimos tiempos: el caso Ramón Alberto Arapí. El joven tenía 22 años cuando en la madrugada del 20 de diciembre, en plena crisis nacional por la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, un policía de la Comisaría 13ª lo mató de un disparo al pecho, después de perseguirlo por una de las calles del barrio Nuevo. Su nombre se transformó desde ese momento en un símbolo de la lucha contra la violencia policial y recién ahora ratificaron la condena a todos los responsables.
El asesinato de Ramón fue emblemático por el contexto, pero además porque el homicida fue un policía, Juan Ramón Vallejos, al igual que los cómplices que intentaron encubrirlo, el comisario Raúl Piris, los subalternos Esteban Blanco, Alberto Alfonzo, Estanislao Leiva y Juan Carlos Díaz.
Fueron varios los testigos de la causa y todos coincidieron en que el grupo de policías actuó abusando de su autoridad, la fetídica madrugada de diciembre en que mataron al joven.
"Lo fusilaron", dijeron los amigos que lo levantaron de la calle, después de que la camioneta de la Comisaría arrancó con los oficiales a bordo, dejando a Ramón agonizando con un disparo que entró por el pecho y le salió por la espalda. Llegó muerto al hospital Escuela, veinte minutos después.
Tenían razón. En el primer juicio que se llevó a cabo en marzo de 2012, por la causa, los fiscales probaron que los acusados actuaron de modo violento y sin fundamento contra el joven que al momento del arribo del móvil al lugar estaba con sus amigos y su hermano tomando tereré, sin provocar ninguna clase de disturbios.
"De la camioneta bajaron tres policías con chalecos antibalas y mis hermanos salieron corriendo porque querían llegar a las casas. Uno pudo, el otro se refugió en lo de una vecina, detrás de un muro bajo. De allí lo sacaron y lo mataron", relató interminables veces Norma, una de las hermanas de Ramón.
Esa noche, la víctima huyó por miedo y se refugió en la casa de un vecino. Y luego, según el relato coincidente de los siete testigos del hecho, "por lo menos dos uniformados rodearon a Ramón, lo hicieron poner de pie y lo sacaron del jardín a golpes de puño y patadas".
Después, las descripciones fueron claras y permitieron identificar a cada uno de los responsables, en especial al que disparó. "Fue un policía medio gordito, petiso y de pelo muy corto el que hizo uno o dos disparos", dijeron haciendo clara referencia a Vallejos.
Lo que siguió fue la lucha por el esclarecimiento, porque en la propia Comisaría, donde los culpables prestaban servicios, intentaron desmentir el hecho. Primero negaron tener la camioneta que llegó a la esquina en que estaban Ramón y sus amigos, luego reconocieron que era la única que había en el lugar. Y el registro de entrada y salida estaba alterado para no delatar la salida y llegada de los oficiales.
Todo quedó al descubierto. Y aún así, la demora por el juicio se extendió por más de once años, sin contar los que esperaron luego para que la condena se haga efectiva.
El 13 de abril de 2012 se hizo la lectura de la sentencia que daba a Vallejos 20 años por homicidio calificado, seis años a los compañeros que estuvieron con él la noche en que asesinó a Arapí y dos años al policía que alteró el registro. La demora se dio por el recurso de casación presentado por la defensa de los imputados. Cuestión a la que el Tribunal puso punto final hace días, cuando rectificó la condena y pidió el encarcelamiento (ver nota abajo).

Un juicio emblemático para el país
El crimen de este joven de 22 años fue emblemático por el contexto social que se vivía en el país en ese momento. Los saqueos y la amenaza permanente de disturbios pusieron a la comunidad en un estado de alerta que, en situaciones como ésta, tuvo trágicas consecuencias.
A Ramón lo mataron porque corrió cuando junto a sus amigos vieron ingresar al barrio a los policías armados en el móvil. La autopsia reveló que murió a causa de una herida de bala que atravesó órganos vitales por un disparo efectuado a corta distancia. Pero, además, la autopsia reveló que también lo habían golpeado salvajemente.
Como él, en esa jornada murieron a manos de la represión otras 25 personas en el país y de todos, el caso Arapí fue el primero en llegar a la instancia de juicio. El abogado querellante celebró esta situación, a pesar de que para eso tuvieron que esperar más de once años. Y lo hizo porque la condena dictada a los policías correntinos marcó el inicio del recorrido judicial de todas las otras causas.
La espera para la efectivización de la condena fue otra traba para que la familia pudiera al fin tener paz por la pérdida, pero al fin ahora, después de tanto tiempo, los responsables están efectivamente detrás de las rejas.

Un daño irreparable para la institución
El fallo que se hizo efectivo hace dos semanas fue el que dictó el Tribunal Oral Nº 2 en abril de 2012. La sentencia determinó: 20 años de prisión para el autor material de la muerte de Arapí, el suboficial Juan Ramón Vallejos, por el delito de homicidio simple; cinco años para el comisario Raúl Piris y los subalternos Esteban Blanco, Alberto Alfonzo y Estanislao Leiva por la pena de encubrimiento agravado; y dos, pero en suspenso, para Juan Carlos Díaz, quien adulteró documentos.
Todos estaban en libertad porque su defensa apeló el falló y pidió la intervención de una instancia superior. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia determinó que el recurso de casación presentado por los seis policías imputados resultó inconducente y, por lo tanto, confirmó la condena en el juicio oral y público.
Inmediatamente después de la nueva lectura, distintos grupos de policías trasladaron, en calidad de detenidos, a todos los condenados hasta la unidad penal en donde quedarán encerrados hasta que cumplan la condena. El único que escapó a esa condición fue Díaz, quien además deberá prestar ayuda voluntaria en la fundación Virgen de Luján durante un plazo establecido por los jueces.
La sentencia fue el corolario de un hecho que marcó a fuego el desempeño de la Policía en la Provincia.

Martes, 22 de noviembre de 2016