Explotación laboral y reducción a la servidumbre se esconde en algunas plantaciones hortícolas de Santa Catalina. Ayer volvieron a realizarse allanamientos en el predio municipal usufructuado por particulares, tras la denuncia de una familia de Bolivia que llegó a Corrientes con la promesa de trabajo en esos campos y que fue abandonada a su suerte.

Una familia de origen boliviano fue víctima del delito. Aseguran que vivían en pésimas condiciones. Realizaron más allanamientos.



El grupo familiar, integrado por dos mayores y cinco menores fue desalojado del predio tras reclamar por las malas condiciones laborales con las que se encontró. Tras corroborar que el explotador no cumplió con las promesas, por el contrario las condiciones de vida eran indignas; el titular de la familia Hugo Adalberto Cena Zeballos hizo los reclamos correspondiente a quien se presentó como dueño de una explotación hortícola en el predio municipal Santa Catalina. Al ver vulnerado los derechos de su familia, Cena Zeballos pudo conseguir otro trabajo en una zona adyacente, donde finalmente fue echado por el propietario debido a que “iba a tener problemas con su contratista”. Finalmente toda la familia boliviana fue desalojada del predio y abandonada a la vera de la avenida Maipú, donde fue encontrada por los agentes municipales del barrio Esperanza. Luego fueron trasladados a la delegación del barrio Esperanza donde actualmente se les está proveyendo de comidas, agua mineral, colchones y ropa. Tras la denuncia en la Fiscalía Federal Nº 2 se realizan allanamientos en las plantaciones hortícolas ilegales en Santa Catalina y en campos de la localidad el Sombrero; con el objetivo de rescatar a más familias que se encuentren en similares situaciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre. En la declaración del hombre consta que durante su estadía en la quinta “El Sombrerito” fue asistido por “un kilo de arroz, una bolsa de cebolla y un aceite de dos litros”. Además contó que les dieron “una casa vieja, precaria y en muy malas condiciones”. En abril de 2014, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizaron un operativo en el lugar, en el que censaron a más de 100 personas de ese país en condiciones precarias de trabajo -más de 40 estaban indocumentadas-. En ese procedimiento detuvieron a cuatro acusados de explotar a los trabajadores. En la oportunidad también fueron rescatados menores de edad que eran explotados laboralmente. “La situación sigue igual con los años. Es injusto no poner límites definitivos y cortantes a empresarios inescrupulosos”, dijo el jefe comunal, Fabián Ríos.

Jueves, 31 de marzo de 2016