La administración de Mauricio Macri ostenta una cifra cuantiosa de despidos en el sector púbico y un correlato no menos significativo en el sector privado. De acuerdo a un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA los echados en el Estado son 18 mil desde que asumió Cambiemos, y la cifra se suma a otros 10 mil trabajadores en empresas privadas.

El reporte, difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), da cuenta de los mecanismos que el actual Gobierno realiza para eliminar a los "ñoquis" del kirchnernismo: cesantías de personal en planta permanente, no renovación de contratos y cierre de convenios entre distintas dependencias estatales con universidades.

Desde ATE explicaron que los "18 mil compañeros no están en la calle" sino que "ese es el número de gente al que le dijeron que no fuera más a trabajar", y su titular, Hugo Godoy dijo al diario Página 12 que "parte de los despedidos pudieron ser reincorporados, otros están en revisión, con contratos prorrogados, pero otros, lamentablemente, se siguen agregando".

Según detalla el informe, más de la mitad de los 18 mil despidos estatales recae sobre una veintena de municipalidades de todo el país, entre las que destacan la Plata con 4.500 echados, Quilmes con 980 y Malvinas Argentinas con 900.

Recientemente, se supo que el secretario general de los trabajadores municipales de Quilmes, Raúl Méndez, fue contratado como asesor de la municipalidad, en un claro caso de conflicto de intereses.

La cantidad de cesanteados entre el Senado, Cooperativas Argentinas Trabaja en ex Esma, el Centro Cultural Kirchner y los docentes provinciales y municipales en Mendoza son alrededor de 5600.

Para los autores del estudio, los despidos de la actual administración "tienen una clara intención disciplinadora para imponer la aceptación del plan de ajuste del Gobierno" y plantean una dicotomía entre salarios y despidos, lo que califican como un "chantaje".

Macri avaló los despidos masivos con la firma de un decreto publicado el 24 de diciembre a través del cual ordena a ministros secretarios y distintas autoridades a revisar contratos y nombramientos en las distintas dependencias estatales en los últimos tres años.

Jueves, 14 de enero de 2016