La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció en Comodoro Py al ex presidente y a las ex autoridades del ente durante la gestión anterior por el presunto comercio rregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La causa quedó en el juzgado de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado.

Se complica (aún más) la situación judicial de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani vinculada a la gestión de Cambiemos sobre la inteligencia y los agentes. En este caso, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy al ex presidente y a las ex autoridades del organismo durante el anterior gobierno, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de 290 unidades de armamento a funcionarios y espías en actividad.

Según surge de la presentación penal realizada por la actual intervención de la AFI, se trata de la venta de armamento de fuego “de distinto calibre que integraba el patrimonio” del organismo, “permitiendo a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco armas por persona a un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad, y además prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

Las operaciones de comercio ilegal, así, se realizaban gracias a dos resoluciones de Arribas. Entre las ventas, había pistolas Bowning 9mm y Glock, escopetas Beretta 12/70 y Revólveres Colt, entre otras, que pasaban de la AFI a manos de agentes de inteligencia y funcionarios de Macri de manera fraudulenta y a precios irrisorios.

De esta manera, la denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, tal como informó Télam según fuentes judiciales.



En el caso de Macri, que acumula problemas penales por su supuesta injerencia a través de la AFI en el espionaje ilegal sobre dirigentes opositores y propios, se lo denunció "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520), como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia", según explicaron fuentes del organismo.

Al momento de declarar ante la Comisión Bilateral de Inteligencia, el propio ex director de Operaciones de la AFI Diego Dalmau Pereyra reconoció los hechos como si se tratase de lo más natural del mundo e incluso con frases de una carga machista imponderable.




CÓMO HACÍA ARRIBAS PARA VENDERLE ARMAS A ESPÍAS COMO SI LA AFI FUERA EL MERCADO NEGRO

En el texto judicial se alude a dos resoluciones dictadas por el amigo de Macri "más acostumbrado a las trampas" -como habría descripto a Arribas el propio ex presidente-, una en agosto de 2017 y la otra diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico". Estas medidas abrieron la puerta a la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Caamaño detalló que “el entonces director general de la AFI dictó dos resoluciones, una en agosto de 2017 y la otra en diciembre de 2018 -carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico- que fueron las que en definitiva permitieron se lleve a cabo el procedimiento”. En la primera, Arribas escribió que estaban “en condiciones de rezago el armamento”, que las vendían “por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación” y que autorizó “la venta del armamento (…) a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean Credencial de Legítimo Usuario” los cuales pagaban con un “descuento de haberes”, o sea, de su sueldo que también era en negro y en sobres, algo que también modificó la actual intervención.

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper. El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.

Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso".

Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas "bajo la misma modalidad".

"La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un "perjuicio a la administración pública".

Martes, 30 de junio de 2020