En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, ayer se desarrolló la cuarta audiencia del juicio en el que están imputados cinco ex funcionarios de Perugorría por una presunta asociación ilícita y peculado vinculado a unos $56 millones que Nación habría enviado a la Comuna para ejecutar distintas obras públicas. Declararon quienes fueron auditor, tesorera y secretaria de Gobierno. Cada uno de ellos, ratificaron que no tuvieron acceso a los recursos.

También, por videoconferencia, testificó el ciudadano que años atrás realizó la denuncia anónima que luego derivó en la causa que fundamenta el actual juicio.
Tal como informó este diario, la semana pasada declararon los ex intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieux. Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta ayer a las 9 cuando se reanudó con la declaración de quien fue auditor externo de la Comuna, Ernesto Moray Mussio.
“Él brindó un extenso informe con detalles técnicos para explicar cómo es el procedimiento. Dejó en claro que nunca estuvo entre sus tareas auditar los fondos enviados por Nación”, explicó su abogado defensor, Marcelo Fernández en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo acotó que “ante el Tribunal precisó que el contralor de la administración de ese tipo de fondos lo realiza la Sindicatura General de la Nación. Y ese organismo hizo un acuerdo con el Tribunal de Cuentas de la Provincia para que efectuara precisamente la auditoría correspondiente. Por lo tanto, Moray Mussio no auditó el uso de esos recursos y tampoco accedió a ellos”.
Después de que el ex funcionario declarara por más de tres horas, se realizó un cuarto intermedio.
Y al reanudarse la audiencia habló Patricia Vera, quien se desempeñó como tesorera municipal. “Ella, en principio, explicó que vino sólo dos veces a Mercedes: una vez para certificar su firma en el Banco de Corrientes y la otra, ahora, para el juicio. Pero lo más importante en su declaración es que pudo explicar que nunca accedió a los fondos nacionales. Sólo estuvo vinculada a la administración de los recursos enviados por la Provincia y los que se generaban por la recaudación local de impuestos”, contó a El Litoral el abogado que está a cargo de la defensa de la ex funcionaria, José Gelmi.
Seguidamente, el letrado comentó que “sólo expuso y después no aceptó que le hagan preguntas porque en realidad ya no estaba en condiciones de seguir. Es que recordó que durante este periodo de detención no sólo ya pesa sobre ella una condena social, sino que además perdió a su hijo, a quien no pudo acompañar en el momento más difícil que fue cuando lo derivaron al hospital de Goya”.
Luego fue el turno de Sabrina Lammens, quien está representada por un defensor oficial. “Sólo fue cinco meses secretaria de Gobierno. Nunca integró ninguna asociación ilícita”, indicaron.

Testigo clave
Concluidas las declaraciones de los tres ex funcionarios que están detenidos hace más de 30 meses, por videoconferencia, dio su versión de los hechos el ciudadano que años atrás presentó una denuncia anónima en la Oficina Anticorrupción. Planteo que luego originó la causa por la que están siendo enjuiciadas cinco personas que ejercieron distintos roles en la función pública.
Ambos letrados coincidieron en que “todo su testimonio fue inconsistente”. En este punto, indicaron que “por ejemplo, dijo que los distintos hechos que denunció era en base a lo que le decían sus amigos en la localidad o bien personas que conocía en un banco y un ministerio. Pero cuando se le pidió los nombres, expresó que no se acordaba”.
A su vez, añadieron que “a esas inconsistencias se sumaron muchas otras”.
En el tramo final de la audiencia, también brindaron su testimonio “un ex concejal y uno que todavía lo es. Pero considero que ninguno brindó información que fundamente que existieron irregularidades”, concluyó el letrado que representa a Moray Mussio.
Así concluyó la cuarta jornada del juicio que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9 cuando está previsto que declaren otros seis testigos.

Miércoles, 24 de junio de 2020