Se trata de Marino Divaldo Pinto de Brum, de 53 años, acusado de ingresar grandes cargamentos de cocaína a la Argentina a través de vuelos clandestinos. Como negaron su extradición, existe la posibilidad de que sea juzgado en su país.

La Fiscalía Federal de Paso de los Libres solicitó que un narcotraficante brasilero acusado de ser integrante de una organización transnacional que ingresaba cocaína a la Argentina mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé, sea juzgado en su país luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la república federativa de Brasil negara su extradición.
Se trata de Marino Divaldo Pinto de Brum, de 53 años, detenido hace más de dos años en el marco de una investigación relacionada con un posible asalto a un banco de la ciudad litoraleña de Tramandaí, en el estado de Rio Grande do Sul.



Fuentes judiciales y de fuerzas federales tienen probado que Marino Divaldo Pinto es integrante de la banda narcocriminal Comando Vermelho (Comando Rojo), el segundo cartel de drogas de Brasil, pero el más poderoso de Rio de Janeiro. La banda nació en la prisión de máxima seguridad ubicada en Ilha Grande, que desde 1886 y hasta 1993 albergó a los criminales más peligrosos de esa región brasileña.
Pinto de Brum, alias Silvio André de Lima Borges y conocido también como “Popeye”, “El Brasilero”, “Patrón”, “Max” o “Jefe Max”, fue investigado en Corrientes por los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez, luego de que en 2013 fuera desbaratada por Gendarmería la organización que operaba en dos estancias arrendadas en la zona rural de la localidad de Santo Tomé.
Hasta la actualidad no pudo ser indagado y a través de un pedido de los fiscales Martínez y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) al juez Fresneda, se requirió formalmente el viernes que la Cancillería argentina comunique a la república federativa de Brasil su intención de que el sospechoso sea juzgado allí por los delitos cometidos en Corrientes.



Así lo contempla el artículo 1 de la ley 17.272, según indica el pedido dirigido por Fresneda al coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, responsable de comunicar al país vecino la intención de que se abra el juicio.
El operativo por el cual cayó en 2013 la banda liderada por Pinto de Brum se denominó “Ciervo Blanco” y concluyó en abril de 2017 con las condenas a diez integrantes de la organización tras un juicio concretado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
En esa oportunidad fueron condenados Carlos Elías Pacheco, María Hilda Calabrese y Florentino Dante Niemiz a 20 años de prisión; William Hurtado Suárez, Edison Alvez Dzwieleski, Gabriel Pirro Mori, a 16 años; José Alberto Velazco y Horacio Rubén Acosta a 10 años y Carlos Alberto Pereira a 8.
(NG)

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Miércoles, 3 de junio de 2020