El nombre del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar sobre el tapete en la causa del “D’Alessio Gate” ya que le juez federal Alejo Ramos Padilla tiene constatado que sus movimientos de entradas y salidas del país fueron monitoreados de manera sospechosa. Quizá lo más impactante es que los pedidos irregulares de informes a la Dirección de Migraciones se hicieron desde un usuario de la Prefectura Naval, y habría sido en 2016, el mismo año en que el supremo desembarcó en el máximo tribunal, nombrado por Mauricio Macri. Ahora el juzgado le pidió a Prefectura un informe pormenorizado en plan de detectar quién es la persona que tramitó esa información.

En esta causa, como es conocido, se investigan maniobras de espionaje ilegal y extorsiones con participación de todo tipo de actores, desde ex funcionarios, legisladores, fiscales, agentes de inteligencia, jueces, medios de comunicación y el personaje central, el falso abogado Marcelo D’Alessio, cuyos servicios fueron exitosos y útiles en campañas funcionales al gobierno de Cambiemos.

Dos datos del expediente conducían al posible espionaje sobre Rosenkrantz. Por un lado, el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro, que es uno de los detenidos en la causa y tenía vínculo estrecho con D’Alessio, dijo en su indagatoria que el abogado trucho hacía referencia a los movimientos de Rosenkrantz y también del supremo Horacio Rosatti, y aludía a viajes que habían hecho a Panamá y Miami, respectivamente. El nombre de Rosenkrantz se conectaba con otro que aparecía como espiado en la causa: su socio en el estudio de abogados, Gabriel Bouzat, cuyos registros de entradas y salidas del país estaban en poder de D’Alessio.

¿Qué pasó con Rosenkrantz? Migraciones informó en la causa que sus movimientos habían sido solicitados por un usuario que figuraba como “Flpini”, que fue identificado como Franco Leandro Pini, un agente de la Prefectura. La Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia intentó identificar el número de IP desde el cual se ingresaba a la base de datos. Finalmente resultó ser un celular, no una computadora. La sorpresa fue que Migraciones detectó también que era el mismo usuario que había pedido el registro migratorio de un hombre llamado Juan Pablo Di Pierro, aduanero, a quien la organización de D’Alessio y compañía habría intentado extorsionar vinculándolo con la causa de la “mafia de los contenedores”, como sucedió con otras víctimas. Una de las más conocidas es Gabriel Traficante, un empresario aduanero que había hecho una denuncia en 2016 y que fue elevada a juicio este año por el juez Luis Rodríguez.

El agente de la Prefectura Pini es, según reveló el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino, un integrante de la Dirección de Inteligencia de Prefectura de Zona Mar Argentino Norte. En 2018 participó del primer Congreso de Protección y Seguridad Portuaria en el Puerto de Quequén que era auspiciado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Seguridad, entonces al mando de Patricia Bullrich, otro de los nombres reiterados en la causa de Ramos Padilla, en menciones del propio D’Alessio que se jactaba de su vínculo con ella.

Que Pini apareciera como usuario, de todos modos, no quiere decir que fuera quien pedía la información. También podría ser que otra persona lo hiciera con su identificación. Por eso Ramos Padilla le pidió a Prefectura Naval que “en 48 horas forme un amplio informe y explicite a qué agentes le fue asignada la línea telefónica mencionada y quiénes estaban autorizados a utilizarla en noviembre de 2016” y que “remita todas las constancias que pudieren existir relacionadas con las investigaciones o requerimientos vinculados” a Rosenkrantz y Di Pierro. También quiere si hicieron las pesquisas y si fue en el contexto de alguna investigación judicial, aunque todo indicaría que así no fue y que precisamente en esa falta de motivación radicaría la irregularidad.

La causa a cargo de Ramos Padilla se ha convertido, a esta altura, en un símbolo de cómo se ejercieron formas de espionaje ilegal durante mucho tiempo con derivaciones en expedientes judiciales armados o simplemente como instrumento para extorsionar a todo tipo de personajes.

Miércoles, 20 de mayo de 2020