El represor Gonzalo “Chispa” Sánchez, imputado por su participación en el secuestro y desapareción de Rodolfo Walsh, fue detenido días atrás en Brasil y extraditado en la tarde de este jueves a la Argentina tras gestiones del Gobierno realizadas a través de la Cancillería. Sánchez, uno de los prófugos de la Justicia en la causa ESMA y partícipe de los vuelos de la muerte, fue llevado de Foz de Iguazú a Puerto Iguazú, desde donde se dispuso su traslado hacia Buenos Aires.

Exmiembro del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Sánchez fue parte de la célula terrorista que el 25 de marzo de 1977 secuestró en el barrio porteño de San Cristóbal al autor de Operación masacre. Había sido trasladado anteayer desde el aeropuerto Internacional Tom Jobim, de Rio de Janeiro, a Foz de Iguazú, en el estado sureño de Paraná. Arribó anoche a Buenos Aires y quedó alojado provisoriamente en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio de Lugano.

El presidente Alberto Fernández se puso “muy contento” al ser informado por el canciller Felipé Solá del arresto ocurrido en Paraty, una pequeña ciudad colonial del litoral sur de Rio de Janeiro, informó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores a este diario. Solá acompañó “minuto a minuto” la evolución de los hechos desde el arresto, además de mantenerse en contacto con la embajada en Brasilia.

En Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, Sánchez pasó la noche en una celda antes de ser entregado a las autoridades argentinas. Algunos sobrevivientes del campo de detención de la ESMA lo recuerdan como uno de los represores más jóvenes, habitualmente bronceado, y alguien a quien le gustaba presumir de los métodos utilizados en la eliminación de prisioneros políticos: desde las incineraciones hasta los vuelos de la muerte. Su nombre ya constaba en los testimonios presentadas a mediados de los años 80 en el Juicio a las Juntas. Reapareció en el 2000 en la megacausa de la ESMA, cuando el juez federal Sergio Torres solicitó su captura internacional.

La extradición de Sánchez es la primera en Brasil de alguien vinculado a delitos de lesa humanidad ocurrida desde enero de 2019, cuando asumió la presidencia Jair Bolsonaro, gran defensor de las dictaduras sudamericanas. Hace una semana el excapitán presidente recibió en el Palacio del Planalto a uno de los represores emblemáticos del régimen de facto brasileño, el mayor Sebastiado Curió, acusado de desapariciones y torturas, de las que se mantiene impune gracias a la Ley de (auto)Amnistía promulgada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueiredo.

43 años de impunidad
Con la entrega de “Chispa” Sánchez a efectivos de la Policía Federal en Puerto Iguazú, concluyeron 43 años y dos meses de la impunidad de la que gozó desde el asesinato de Walsh. “Chispa” Sánchez vivió cerca de dos décadas en Brasil, donde encontraron refugio varios represores argentinos, como Claudio “Gordo” Vallejos, quien fue deportado en 2012, o el comisario Roberto Oscar González, que estaría radicado en Viamao, ciudad del interior del estado de Rio Grande do Sul, y es otro de los que participaron en el operativo del 25 de marzo de 1977 en el barrio San Cristóbal.

La extradición de Sánchez fue avalada por el Supremo Tribunal Federal por la Cancillería brasileña. Desde ese tribunal remarcaron ayer a Página/12 que el acusado cumplía todos los requisitos para ser entregado “de inmediato”. Es decir que tres días después de su arresto estaba pronto para ser devuelto a su país, sin ninguna demora burocrática ni alguna obstrucción de última hora de Bolsonaro, algo que se temía en organismos de derechos humanos brasileños y entre algunos diplomáticos argentinos.

El juez Luiz Fux, del Supremo, firmó en enero la orden de captura del represor , cuyo nombre constaba en la lista roja de los requeridos por Interpol. Sánchez había sido arrestado por primera vez en 2013 en Angra dos Reis, también en el sur de Río de Janeiro. En esa ciudad el exprefecto se desempeñó como ingeniero naval, profesión que ejerció en San Antonio Oeste, provincia de Rio Negro, a comienzos de la década de 2000.

En 2017 el Supremo aprobó, por tres votos a dos, la extradición de Sánchez, pero el represor se fugó de su prisión domiciliaria y permaneció en condición de fugitivo hasta el lunes último, cuando se entregó sin presentar resistencia.

Viernes, 15 de mayo de 2020