A pesar de la feria fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó una excepción para que las fiscalizaciones sobre las casi mil cuentas de argentinos que no fueron declaradas continúen. La investigación que impulsa Mercedes Marcó del Pont se basa datos proporcionados por la OCDE en 2018 correspondientes a 2017, que la gestión Cambiemos cajoneó.

Mientras en el Congreso comienza a delinearse la molidad para sesionar y, con eso, se apresta la discusión sobre la ley de impuesto a los ricos que impulsa el oficialismo y critica la porción más conservadora del PRO, la Administración Federal de Ingresos Públicos de la gestión de Alberto Fernández tomó una contundente decisión para avanzar en la investigación de las 950 cuentas offshore por más de USD2600 millones que escondió el mismo organismo cuando la administraba el gobierno de Mauricio Macri.

A pesar de la feria fiscal que rige y por la que se suspenden los plazos procedimentales, la AFIP que encabeza Mercedes Marcó del Pont habilitó una excepción para establecer la continuidad de las fiscalizaciones referidas a las 950 cuentas de argentinos que no fueron declaradas.

Así, con la Resolución General N°4703/2020 publicada en el Boletín Oficial, según publicó Infobae, la funcionaria habilita la acción de investigación en base a datos proporcionados por la OCDE acerca de los USD2.600 millones que están sin declarar en paraísos fiscales o bancos internacionales.

Curiosamente y como se conoció hace días, el paquete con datos de la OCDE fue recibido por el fisco en 2018 y contiene información sobre las cuentas de argentinos referidas a 2017. Ese año, el macrismo había impulsado el "sinceramiento fiscal", pero no adhierieron los titulares de estas offshore. ¿Por qué recién este año, en plena pandemia, se conoce su contenido? Porque esos registros fueron cajoneados durante el gobierno de Macri, por lo que recién empezaron a desencriptarse en 2020.

“Los procedimientos de fiscalización que se realizan en función de la información proporcionada por la OCDE resultan de trascendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el marco del actual contexto de emergencia”, indica la resolución 4703 de este año.

La investigación está cargo de la Subdirección General de Fiscalización que encabeza Julián Ruiz, quien sumó a su equipo como Directora de Fiscalidad Internacional a la economista Verónica Grondona. El objetivo del área es terminar de notificar el inicio de las fiscalizaciones a los 950 contribuyentes durante el transcurso de los próximos días.

La investigación se concentrará en estos 950 casos que según cálculos preliminares le ocultaron al fisco más de USD 2.600 millones, y que 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero. Es decir, no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.

Según información periodísticas, dividieron los perfiles de los evasores en tres grupos: el primero es aquel que hizo su declaración de Bienes Personales y manifestó tener una cuenta en el exterior, pero con montos muy inferiores a los que serían reales; el segundo grupo también declaró Bienes Personales, pero omitió los bienes en el exterior; y el tercero directamente no presentó declaraciones de Bienes Personales. En este último grupo se encontraron cuentas de hasta USD 20 millones que no habían declarado nada.

Martes, 28 de abril de 2020