El Frente de Todos consiguió dictamen de comisión para el proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. La intención del oficialismo es llevarlo el próximo jueves al recinto del Senado y convertirlo en ley.

El plenario de comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto, recibió al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; al secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y al director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli. Los funcionarios marcaron la necesidad de avanzar con la sanción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y defendieron el texto ante las cuestionamientos opositores.

Por su parte, la oposición aglutinada en Juntos por el Cambio, presentará un dictamen de minoría que insistirá en incorporar una cláusula transitoria que “evite” un supuesto “éxodo” de jueces que dificulte la administración de Justicia.

Las asociaciones de magistrados, fiscales y del servicio exterior buscaron defender su régimen especial jubilatorio con críticas a la iniciativa del Gobierno. En tanto, los gremios judiciales (UEJN y Sitraju) tuvieron posturas de cuestionamiento y apoyo al texto del proyecto.

En ese contexto Moroni aclaró que no se busca terminar con el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces. Sin embargo, renglón seguido se preguntó: “¿cuánta desigualdad es necesaria para que un juez actúe en forma independiente?”. Por eso, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.

Bulit Goñi lo puso en cifras: “Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5 por ciento de los jubilados se lleva el 24 por ciento de los fondos disponibles” del sistema previsional. Además, el Secretario sostuvo que con la aplicación de la ley el déficit del sistema se reducirá, en el caso de los jueces, en un 40 por ciento en el primer año, y llegará a un 72 por ciento en el año 2040. En tanto que la reducción del déficit, en el caso de los diplomáticos, alcanzaría el 35 por ciento en el año 2040.

El funcionario a cargo de la Seguridad Social describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.

Vanoli, en tanto, repartió las copias de un power point que no pudo proyectar (por problemas técnicos) donde describió la “situación de emergencia” de la Anses y del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del sistema previsional. Sobre esos datos el funcionario remarcó el brutal incremento del déficit en los cuatro años de gestión macrista. Según explicó, el déficit pasó de 100 mil millones de pesos a más de 600 mil en 2019, hubo una perdida “cuantitativa” del 52 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en dólares y también se produjo un “deterioro cualitativo” de su conformación que ahora es del 72 por ciento en letras del tesoro Nacional.

Los cuestionamientos de la oposición pasaron por distintos planos y fueron contradictorios: desde la “tibieza” del proyecto como argumentó Martín Lousteau, que propuso la derogación de los sistemas de privilegio, hasta la postura de su correligionario riojano y ex ministro de Defensa de la gestión Cambiemos, Julio Martínez, que asoció el proyecto con un embate contra la justicia. Además, Martínez dijo la aprobación del proyecto desencadenaría renuncias masivas en medio del reclamo de miembros del oficialismo por la situación de “los presos políticos”; y también lo vinculó a “la suspensión del programa de testigos protegidos” y al “intento de intervenir el Poder Judicial de Jujuy”.

“Hay que separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”, respondió el ministro Moroni y agregó: “Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”. “Esta ley –insistió-- no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando, algo que ha sucedido en los últimos 30 años”. “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias, concluyó sin entrar en otras apreciaciones del debate por fuera de la ley.

Jueves, 5 de marzo de 2020