La fiscal Paloma Ochoa elevó el requerimiento para que se ponga en marcha la investigación sobre el supuesto uso irregular de fondos del gobierno de Mauricio Macri que habrían sido destinados a un emprendimiento hotelero para el arrepentido Alejandro Vandenbroele.

La denuncia pone en tela de juicio la declaración que fue hecha bajo el programa de protección al testigo y resultó clave para que el ex vicepresidente Amado Boudou fuera condenado en la causa de la ex Ciccone Calcográfica.

Si bien la denuncia ahora está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien reemplaza al fallecido Claudio Bonadio, desde la fiscalía consideran que es el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa Ciccone, quien debe investigar.

Para la fiscal Ochoa, por razones de conexidad, y porque la declaración como arrepentido se produjo en en la causa Ciccone, el caso debe investigarlo el juez LIjo.

En tanto, mediante un escrito presentado por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, el ex vicepresidente Amado Boudu pidió hace tan sólo 48 horas ser tomado como querellante en la causa. Además, el ex vicepresicente pidió que se investigue la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales que en su momento negaron a la defensa el acceso a la documentación vinculada a Vandenbroele que fue requerida en el juicio oral.

En el escrito presentado los abogados también pidieron que se cite a declarar tanto al ex ministro de Justicia Germán Garavano como a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.



Viernes, 14 de febrero de 2020