La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comenzó su “divorcio” con la Justicia federal, especialmente con Comodoro Py, una de las ordenes presidenciales anunciadas al comienzo del mandato de Alberto Fernández. Ayer, la interventora en la central de espías, Cristina Caamaño emitió una resolución interna –que será oficializada hoy- en la que dio expresas instrucciones para que los jueces penales restrinjan “al mínimo” los pedidos de colaboración en materia de inteligencia.

Es el comienzo para tabicar la relación que el oficialismo diagnostica como promiscua entre servicios y magistrados y para desprenderse de funciones propias de inteligencia criminal en materia de seguridad ciudadana.

Caamaño resolvió “comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de esta agencia en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales”. En 5 carillas, la resolución Nº17 de 2020 posee cinco artículos y su fundamentación respecto a cuál es el objetivo de “profesionalización” que se fijó la nueva gestión para diferenciarse del rol histórico que tuvo la ex-SIDE en cuanto a la función que efectivamente ejercía. “Esta Agencia Federal de Inteligencia debe orientar todos sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el orden institucional, encauzando sus medios técnicos y de recursos humanos hacia ese cometido principal”, sostuvo la resolución. Esta implica la separación inicial respecto a las tareas de colaboración que ejercía con múltiples juzgados federales. En sus considerandos, clarifica algo más: el marco legal que se reestablece es el que, en 2015, durante la última parte del gobierno de Cristina de Kirchner, dio vida a la AFI, en reemplazo de la ex-Secretaría de Inteligencia, luego de la reforma realizada con el descabezamiento de sus autoridades y la salida del espía Antonio Horacio Stiuso. Ese andamiaje legal y organizativo vuelve ahora a tener vigencia y sepulta las modificaciones que hizo el macrismo.

El presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, junto a la fiscal Cristina Caamaño.
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El Gobierno busca reducir "al mínimo" la intervención de la AFI en causas judiciales
Y enumeró también la acordada de la Corte Suprema del 19 de junio de 2019, donde se recomendaba a los jueces penales respecto a la captación de comunicaciones que también apliquen de “forma restrictiva” la chance de requerir la participación de la AFI en los procedimientos asociados. Como había revelado Ámbito Financiero, esa cuestión había generado, luego de que las escuchas telefónicas salieran de la órbita de los servicios, que el insumo que servía finalmente para que florecieran negocios ilegales era el tráfico de la información que pasaba por sus manos a partir de las desgrabaciones de esas escuchas que ya no hacían. Uno de los objetivos que se fijó Caamaño es acompañar esa decisión y evitar que espías realicen trabajos de desgrabación para los jueces.

“Ningún organismo de inteligencia podrá, entre otras prohibiciones, cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, estableciéndose la excepcionalidad para que este organismo actúe en carácter de auxiliar de la justicia”, recordó la resolución. “Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia, y por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales”, completó. De esta manera, describió que solo podrá ceñirse su participación a circunstancias que involucren terrorismo, narcotráfico (aunque sobre este punto podría no haber suficientes cambios porque es la intersección en común que se ha aprovechado históricamente para que espías frecuenten juzgados), tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentados contra el orden económico y financiero, así también como delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Todavía el abanico sigue siendo muy amplio como para que esta medida sea considerada un corte absoluto que modifique completamente la situación actual.

La intervención continúa encontrando sorpresas inesperadas: en un edificio semiderruido encontraron archivos desclasificados en 2015 por la ex-SIDE respecto al atentado a la AMIA. Dos mil cajas con documentación, mayormente de inteligencia y 5 mil cassettes con escuchas estaban alojados en esas dependencias poco apropiadas. La documentación está a salvo. Ahora será materia de deslindar las responsabilidades respecto a quién debió haberlas conservado en un lugar apropiado.

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Miércoles, 15 de enero de 2020