La Corte Provincial rechazó un Recurso de Casación, presentado por la defensa de un sujeto declarado culpable de homicidio por conducción imprudente. Solicitaba la suspensión de juicio a prueba pero el Tribunal consideró que debía tenerse en cuenta la opinión de la madre de la víctima, y ésta no estuvo de acuerdo.

El Tribunal Oral Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de Goya, rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por el Defensor de Cámara en favor de su defendido, interponiendo un recurso de casación que debía resolver el Superior Tribunal de Justiia.

La queja de la Defensa provenía porque la decisión del TOP había sido tomada en función del dictamen fiscal negativo, y que se negaba la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba basándose en el resultado fatal de los he-chos.

Los Ministros evaluaron que la denegatoria de ese beneficio estaba relacionada con que el delito -homicidio cometido mediante la conducción imprudente de vehículo automotor (art. 84 del Código Penal)- establecía una pena de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años.
Recordaron que la suspensión del juicio a prueba "no resulta de concesión obligatoria ni automática, sino que es un beneficio, cuya facultad de otorgarlo le compete al Juez de la causa, que debe evaluar la razonabilidad y la factibilidad de la aplicación del instituto en cada caso en particular. Continuando con esa línea de pensamiento, expresaron debía considerarse el delito y las circunstancias particulares del caso sometido a investigación, puesto que de otro modo se desvirtuaba su finalidad, que no sólo es el mejoramiento del servicio de justicia, o el ahorro, "sino lo más importante, que el imputado reflexione a fondo sobre la conducta ilícita que lo llevó al proceso".

La suspensión del juicio a prueba no pretende la reinserción social del individuo, ni el ahorro en los gastos de justicia, o la no aplicación de la pena. Recibe ese nombre (art. 76 bis ley 24.316) porque su fin es "evitar que el juicio se practique, pero no por los argumentos defensivos, sino a los efectos de impedir la estigmatización del imputado, y demás situaciones procesales que podrían perjudicar al acusado. La sentencia N°29/12 fue rubricada por los doctores Alejandro Alberto Chain, Juan Carlos Codello y Carlos Rubin.

Miércoles, 27 de junio de 2012