La publicación del protocolo sobre la interrupción legal del embarazo desató la interna en el oficialismo, que durante la campaña se había recostado resueltamente hacia las posiciones antiderechos. El Presidente abandonó su siesta pos derrota para negar conocimiento del tema y ordenar la marcha atrás..

El Gobierno de Mauricio Macri publicó una resolución actualizando el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) y resolvió anularla el mismo día. La resolución, impulsada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue criticada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien la consideró "inconstitucional". En la Presidencia, señalaron que desconocían el contenido -publicado en el Boletín Oficial- y le encomendaron el tema a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien va a anular el nuevo protocolo. Cerca de Stanley dijeron que era por "un error técnico".

Como informó este diario , la resolución planteaba que para acceder a la ILE alcanzaba con solicitarla, dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada en la cual la persona que quiere abortar afirme que su caso está contemplado por las causales que prevé la ley (hoy en la Argentina el aborto es legal por causales). También disponía que no podían pasar más de diez días entre el pedido de la persona gestante y la intervención, advertía que no podía ser rechazada por ninguna institución de salud pública o privada, esto es, no existe la "objeción de conciencia institucional". Además, disponía que no podía ser judicializada ni obstaculizada de ninguna manera. Este protocolo actualizaba el anterior y fue obra del secretario de Salud, quien se había manifestado públicamente a favor de la legalización del aborto en el debate en el Congreso de 2018.

La reacción de los sectores antiderechos no se hizo esperar. Si bien se oponen a todo, uno de los puntos que más furia generó fue la aclaración sobre la objeción de conciencia. Además de las maniobras de lobby, que el oficialismo niega, hubo un hecho insólito: el presidente provisional del Senado salió a cuestionar una medida de su propio gobierno. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", bramó Pinedo.

A partir de allí comenzó una suerte de juego del Gran Bonete dentro del Gobierno: en Presidencia aclararon a este diario que la que se ocupaba del tema era Carolina Stanley y que Macri no estaba involucrado. En el ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmaron que iban a anular la resolución. "Salió publicada sin que ninguno de los superiores de Rubinstein supiera qué decía", indicaron sobre algo que pasó todos los estadíos hasta salir en el Boletín Oficial. "Entendemos que hay un error técnico y que, por eso, se va a anular", advirtieron, sin más precisiones sobre cuál sería el "error técnico". Por ahora, Rubinstein guarda silencio.

La intervención de Pinedo
Pinedo había cuestionado directamente al secretario de Salud de la Naciónpor haber ratificado el protocolo de aborto no punible que avala interrupciones de embarazo en casos de violación o en peligro para la salud o la vida de la persona gestantes. Como si no existiera el fallo FAL, el senador dijo que le parecía "claramente inconstitucional la resolución", en tanto amplía "de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".

“El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”, se quejó Pinedo, a pesar de que el protocolo recupera pasajes del de 2015 y lo actualiza con las recomendaciones y los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud. La resolución publicada este miércoles remarca en ese sentido que el aborto no es delito en la Argentina cuando existen motivos de salud (en su definición integral, como estipula la OMS) ni cuando el embarazo es producto de una violación.

Recuperando los argumentos que enarbolaron las asociaciones antiderechos durante el debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Pinedo condenó su actualización como si las causales legales no existieran en la normativa argentina, a pesar de que esa discusión quedó saldada con la sanción del fallo FAL en 2012.

Durante el debate en la Cámara Alta, el senador había amenazado con un veto presidencial al proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en caso de que se "extramilitara" o "no fuera razonable" a la mirada de Cambiemos. “La decisión final es de él”, dijo el legislador sobre Mauricio Macri y se preocupó en dejar claro que tanto él como el jefe de Estado tienen una postura "antiabortista”.

“Es demasiado violento sostener que se pueden eliminar vidas porque algunos quieran", había dicho por entonces y amplió: "No encuentro diferencia entre eliminar la vida de un chico por nacer y uno que nació".

Miércoles, 20 de noviembre de 2019