“Negociaciones incompatibles con la función pública”. Ese delito que se le imputa al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, denunciado por atesorar acciones por 16 millones de pesos mientras estaba en ese cargo. Indagado por el juez Luis Rodríguez, va camino a convertirse en un clásico de la administración macrista, donde abundan las causas contra funcionarios por estar de los dos lados del mostrador.

En el caso de Aranguren, los aumentos en el precio del gas durante su gestión (con impacto a favor de todas las proveedoras) y la compra de gas a Chile (que a su vez le compra a Shell) a valores desfavorables para la Argentina, forman parte de la acusación. El punto de partida es una posible violación a la ley de Etica Pública: los denunciantes Rodolfo Tailhade y Martín Doñate creen que ni siquiera debió haber estado en el cargo. “En ningún momento me interesé particularmente por ningún proveedor, sino que tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”, dijo el ex ministro en Comodoro Py, al terminar su declaración. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), declara el 27 de noviembre.

Días antes de asumir en Energía, al comienzo del gobierno de Macri, Aranguren dejó sus cargos en Shell como director en Latinoamérica y presidente en Argentina. Le ley de Etica Pública dice que las incompatibilidades rigen “durante el año inmediatamente anterior o posterior”. Y especifica en el artículo 15 que es incompatible con la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste”. Aranguren considera que tiene un margen para que esa norma se interprete a su favor. La denuncia contra el ex ministro apunta a ese conflicto de intereses y a dos decisiones en particular:

* El aumento, a través de la resolución 28/2016 firmada por él, del valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte del gas (PIST), que impactó sobre el valor del gas, elevó lo pagado a los productores y “lo convirtió en uno de los valores más altos del mundo”, según explica Doñate. Además de señalar que no quiso favorecer a su empresa, Aranguren añadió que tampoco se intentó favorecer a ninguna otra: “el incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”. En Cepis, la organización que ganó ese año el amparo contra el aumento, refutan esa afirmación porque sostiene que el aumento también incluyó la generalización de un precio-estímulo que el gobierno anterior daba a quienes exploraban pozos nuevos.

* Se le dejó de comprar gas a Bolivia, y se empezó a comprar a Chile, que no es productor, sino que le compra a la empresa British Gas (BG), de Shell. Argentina le pagaba a Bolivia 3 dólares por millón de BTU y pasó a pagar 128 por ciento más caro a Chile, y de manera indirecta a Shell, según los denunciantes. Dijo Aranguren: “En el caso de Chile, lo que logramos fue reemplazar el gas que venía de Bolivia porque no había más y así lo declararon el ministro de energía de Bolivia y el gerente de YP. Era más barato importar de Chile. Significó un ahorro de 54 millones de dólares, fue la mejor decisión". En su momento, cuando Argentina culpó a Bolivia por la suspensión, el consultado emitió un comunicado que se titulaba: “Bolivia desmiente a embajador de Macri que anunció compra de gas a Chile por incumplimiento de YPFB (Bolivia)”. Es del 4 de mayo de 2017.

Según le explicó Doñate a Página/12, “un dato no menor de lo grave de Aranguren, además de todas las incompatibilidades y negocios en favor de la firma anglo holandesa, es el hecho de poder acceder como ministro de Energía a información confidencial y estratégica de nuestra empresa YPF, principal competidora de Shell en el rubro. Es el dato de mayor valor que podrían ‘robar’ Aranguren y Shell. El patrimonio de los proyectos de almacenamiento de información de todos los años de estudios de nuestra YPF, estratégica y clave para el desarrollo de nuestra Argentina y su inserción geopolítica”.


Para demostrar las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública –un delito que prevé hasta seis años de prisión-- hay que probar la búsqueda de un beneficio propio o a un tercero. Hay que ver qué considera probado el juez. También está la violación a la ley de Etica, por lo que deberá responder Laura Alonso debido a su cargo en la OA, desde donde sólo le señaló Aranguren algunas limitaciones a su tarea. Los denunciantes le atribuyen posible encubrimiento, e incumplimiento de sus deberes.

Miércoles, 20 de noviembre de 2019