La Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) y el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) denunciaron que el gobierno prepara una inauguración trucha en la ruta nacional 7, en el tramo entre Chacabuco y Junin. Se hablaba de la presencia del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, pero fuentes oficiales le dijeron a este diario que el acto quedó postergado.

Desesperados por falta de obras para inaugurar en la campaña, se planificó este corte de cinta parcial. Como nada está terminado, la jugada era que iban a inaugurar 10 kilómetros en una punta (del kilómetro 219 al 229) y 10 kilómetros en la otra punta (del 245 al 255). Dicen los trabajadores de Vialidad que no están terminadas las colectoras ni los distribuidores, que los carteles de señalización se colocan a las apuradas a sólo 30 centímetros de profundidad y se calcula que la obra recién estaría en reales condiciones de ser inaugurada dentro de 12 meses. La jugarreta exhibe un modus operandi similar al de Ezeiza: fingir que se está inaugurando una obra que no está en condiciones y poniendo en riesgo a trabajadores y usuarios. Una maniobra electoral hecha y derecha.


En el caso de los aeropuertos hubo grandes movidas para inaugurar Iguazú, Tucumán y Mendoza, y el plan era hacer un acto para exhibir, antes de la veda electoral, una isla del llamado Zeppelin en Ezeiza. En verdad, todo lo construye Aeropuertos Argentina 2000, la empresa concesionaria, pero la Casa Rosada quiere exhibirlo como su logro. El apuro produjo una superpoblación de trabajadores, andamios, maquinaria y un relajamiento de las medidas de seguridad.


Este martes, el ministro Guillermo Dietrich inauguró un cinco por ciento, apenas 20 kilómetros, de la autovía que conecta Tatané con San Hilario (Formosa). Estas obras fueron iniciadas en el año 2015, luego algunos de los tramos fueron neutralizados, necesitando la otra calzada trabajos de repavimentación y mejoramiento y el tramo San Hilario-Cruz del Norte está paralizado.

El 2 de julio se hizo un acto para poner en marcha la construcción del tramo de la Ruta 3 que va de San Miguel del Monte a Las Flores. En la actualidad la obra está paralizada por falta de financiamiento y porque los terrenos ni siquiera se expropiaron.

En la ruta 8, la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, tiene paralizada la obra entre Todd y Fontezuela, por una denuncia de sobreprecios del Sindicato de Trabajadores Viales. O sea que por ahora, la ruta termina en un campo. La organización gremial que conduce Graciela Aleña demostró que en uno de los tramos de la 8, el macrismo autorizó que lo que se licitó durante el kirchnerismo en 285 millones de pesos, se realice durante el actual gobierno actual a 2.500 millones de pesos, o sea nueve veces más.

La construcción en la ruta 7 demuestra también la falsedad de la publicidad de Cambiemos en todo lo referido a las obras de Vialidad. El tramo fue licitado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y se contrató por 727 millones de pesos, con un plazo de finalización de 24 meses. Los datos actuales indican que termina saliendo seis veces más cara y finalizará en casi el triple del tiempo estipulado.

La primera maniobra --según señala la Federación del Personal de Vialidad, que lidera Fabián Cattanzaro-- consistió en hacer una modificación de obra que llevó el costo original de 727 a 1.041 millones de pesos. Es que el cambio fue de fondo: en lugar de la construcción de una autovía, el gobierno de Macri, con la gestión de Javier Iguacel al frente de Vialidad, resolvió hacer una autopista. Eso debió obligar a una nueva licitación, tal cual indica la ley, y no permitir que continúe automáticamente la licitación anterior, ganada por algunas de las constructoras tradicionales: Chediak, Dycasa, Petersen.

El segundo punto clave tiene que ver con la redeterminación de precios. Cada vez que aumenta el índice de precios de la construcción por encima del 10 por ciento, las empresas están autorizadas a pedir un reajuste. Los brutales índices de inflación del macrismo llevaron por eso a redeterminaciones exhorbitantes. Por eso, de los 727 millones originales, lo que se pagará por la obra son 4.272 millones de pesos, seis veces más que el valor inicial.

Pero la organización de Personal de Vialidad sostiene, además, que en lugar de los 24 meses de terminación planteados por el pliego, la obra ya lleva 49 meses y no está terminada. Se habla de que la finalización será en enero de 2020, pero la construcción recién está al 64 por ciento o sea que es imposible que se termine dentro de tres meses.


La construcción de la ruta 7 es una nueva demostración de la falsedad de las denuncias contra la anterior gestión de Vialidad, durante el kirchnerismo. Las obras no son ahora más baratas que antes sino más caras. Y no tardan menos, sino más.

Para colmo, la diferencia en cuanto a construcción es abismal. Como ya demostró este diario, en base a un extenso trabajo de los técnicos de Vialidad, durante la gestión kirchnerista se licitaron 7.840 kilómetros de trabajos en rutas por año, contra apenas 1.877 por año del mandato de Macri. Las obras iniciadas fueron 167 por año en época de los Kirchner frente 67 de la gestión actual y las obras terminadas fueron 113 por año en épocas de los gobierno peronista y 57 por año durante el macrismo.

Esto se combinó con un enorme crecimiento de la estructura de Vialidad, que se llenó de gerentes y ejecutivos de las empresas constructoras durante el actual gobierno. En 2015 había tres gerencias, mientras que ahora hay 28 y las subgerentes pasaron de 28 a 64.




Jueves, 26 de septiembre de 2019