En plena campaña electoral, se conoció una determinación judicial que es un escándalo para la supuesta "transparencia" PRO: la justicia intervino Correo Argentino, la empresa residual de los Macri a la que el presidente Macri intentó condonarle $ 70 mil millones de deuda con el Estado, por sospechas de que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas.

En medio de la campaña electoral en que Juntos por el Cambio busca dar vuelta la paliza de las PASO prácticamente bajo la bandera de la República y la lucha contra la corrupción, se conoció una determinación judicial que es un escándalo para esos intereses del oficialismo: la jueza en lo comercial Marta Cirulli decidió intervenir Correo Argentino SA, la empresa residual de la familia Macri a la que el presidente Mauricio Macri intentó condonarle una deuda con el Estado calculada a 2033 en $ 70 mil millones, porque sospecha que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.

Así lo reveló el portal Letra P a través de un artículo de Sebastián Lacunza. Según la nota, la justicia se encontró con que la empresa que tuvo en concesión el correo estatal entre 1997 y 2003 impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios, particularmente sobre su vínculo con dos firmas vinculadas con los Macri: Socma y Sideco Americana.

La decisión de Cirulli significa que un interventor coadministrará por al menos un mes la empresa residual de correos para revisar sus gastos y acceder a la documentación que la firma de los Macri negó al juzgado, indicaron las mismas fuentes, o aquella que brindó de forma confusa. Después de esos 30 días, la intervención podría profundizarse o levantarse.

La medida, tal como explicó el mismo medio, supone un giro en la causa, ya que hasta el momento la jueza no había avanzado en la investigación del supuesto vaciamiento de Correo Argentino, denunciado en 2017 por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin.

Boquín, que fue atacada por funcionarios del oficialismo y por medios de prensa casi al unísono, denunció que la firma, hoy una empresa sin actividad, fraguó pagos y cedió fondos a Socma y Sideco, empresas de los Macri, a la vez que contrató a consultoras y estudios de abogados allegados a funcionarios y legisladores del macrismo. Un verdadero escándalo.

El objetivo de la maniobra habría sido esmerilar las cuentas de la empresa residual en detrimento de sus acreedores reales, además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

La sospecha de Boquín recibió, en abril pasado, el respaldo de las camaristas María Lila Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, en lo que también representó un giro del tribunal de apelaciones. Además de los supuestos desvíos de fondos, el ardid denunciado habría consistido en privilegiar a ciertos acreedores con el pago de honorarios para lograr su anuencia en el levantamiento del concurso.

El expediente que origina la intervención es un desprendimiento del expediente nacido por el eterno concurso preventivo del Correo que luego renació gracias al intento de autocondonación escandaloso impulsado por Macri. Desde la disparada judicial de esos hechos, el concurso de acreedores se encuentra inmerso en un loop de apelaciones y pedidos de nulidades que llegaron hasta la Corte Suprema.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo tiene lo más retenido posible otro expediente que investiga un presunto fraude en perjuicio de la administración pública. En esa causa ya fueron indagados el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y su ex subalterno en la eliminada cartera de Comunicación, Juan Manuel Mocorea.

Desde un principio, el Gobierno hizo todo lo posible por esconder datos y atacar a los elementos judiciales y políticos que querían investigar. El primer fiscal que investigó el caso en el fuero federal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado del cargo por el procurador eternamente interino Eduardo Casal, mientras que el primer procurador del Tesoro designado por Macri, Carlos Balbín, fue despedido tras haber elaborado un dictamen crítico de la gestión de Aguad. Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, afín a la Unión Cívica Radical (UCR) y ex abogado del Grupo Macri. Obviamente, los abogados del correo también intentaron apartar a Boquín.

Miércoles, 11 de septiembre de 2019