Al borde del default, Mauricio Macri acudió al FMI para que gire las divisas necesarias para naufragar hasta el final de su mandato. Por la desesperación, eligió desobedecer al proceso formal que obliga la Constitución y las leyes argentinas, que existen para evitar desfalcos, abusos y perjuicios para la sociedad, como fue el caso, que impuso una infranqueable tutela neoliberal y la pérdida de la libertad económica de los futuros mandatos.

Tras la negativa de Wall Street de prestar más dólares por la elevada exposición al riesgo de un país tercermundista y nuevamente agropecuario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, voló a Washington para mendigarle dólares al Fondo. La directora ejecutiva del organismo, Christine Lagarde, lo analizó como su oportunidad para catapultar sus aspiraciones políticas y entregó el mayor crédito en la historia del ente multilateral: U$S 50.000 millones.

Para evitar pérdidas de tiempo, Macri, Dujovne y el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, violaron el mandato constitucional de solicitar la autorización del Congreso Nacional previo al endeudamiento público.

Pero más aún, la ley de procedimiento administrativo establece que deben dictarse expedientes, decretos y resoluciones internos que autoricen, previamente, la concreción de cualquier acto estatal. Cada una de estas actuaciones deberá sustentarse en hechos y antecedentes. Incluso la compra de resmas en una pequeña dependencia, por lo que demás está aclarar que también para el mayor préstamo en la historia de Argentina.

El Ejecutivo omitió todos estos pasos, según consta en las respuestas que le entregaron en sede judicial los representantes del Ministerio de Hacienda al Movimiento de Empresas Recuperadas y el Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN). El Destape tuvo acceso a los documentos de la oficina de Dujovne que le entregaron a estos dos organismos, quienes de forma independiente requirieron acceso a la información pública.

En un primer momento, el Gobierno se negó a compartir los archivos con el argumento de que ya era pública toda la información que existía. Es decir, la carta de intención y los dos memorandos de entendimiento que firmaron Dujovne y Sturzenegger con el FMI. No obstante, no entregaron ninguno de los decretos y resoluciones que debían explicar por qué se acudió al Fondo y no a los mercados internacionales, por qué pidieron U$S 50.000 millones y cuándo fueron autorizados por Macri para rubricar semejante contrato, que ata las manos de las futuras administraciones.

Para los abogados del Palacio de Hacienda, que deberían defender al Estado y no a los funcionarios, la firma del acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo, por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional.

Después de mucha insistencia, a CINFIN sí le entregaron un expediente administrativo que, dicen, justificó el contrato con el organismo multilateral. Sin embargo, las actuaciones datan de una fecha posterior al 12 de junio, cuando se firmó la carta de intención del crédito, por lo que hace dudar de si no fue fabricado tras el primer pedido del Movimiento de Empresas Recuperadas.

El Gobierno, no entregó en sede judicial un solo documento que respalde que actuaron bajo el amparo de la legislación local para llegar a un acuerdo con el Fondo, lo que apunta a que tomaron decisiones por como individuos y sin estudiar antes el impacto de tan grave decisión en la sociedad ni reparar sobre los intereses del Estado.



Lunes, 29 de abril de 2019