El presidente Mauricio Macri y la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia fueron denunciados penalmente luego de que el titular de la agencia reconociera que envió agentes ante el juez Luis Carzoglio antes de que emitiera un fallo sobre Pablo Moyano. Según GustavoArribas, fue para informarse del contenido del fallo. Según Carzoglio, fue para presionarlo: incluso detalló que los agentes le hicieron llegar para que firmara un borrador de la detención de Moyano –el magistrado dijo que todavía tiene guardado el borrador–.

A raíz de esto, los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Marcelo Fuentes presentaron una denuncia penal. También solicitaron al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, Juan Carlos Marino, que cite al juez para que preste declaración.

El sorprendente reconocimiento del jefe de los espías, sumado a la declaración del juez, llevaron a los diputados opositores a hacer una denuncia penal –están obligados como funcionarios públicos a denunciar un delito cuando toman conocimiento–, que además de a Macri y a las autoridades del organismo incluye a dos agentes de la central de inteligencia, conocidos como Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale. Son las dos personas que Carzoglio señaló como quienes se habían presentado en su despacho para plantearle que el presidente Macri estaba obsesionado con la causa de Moyano. Y que posteriormente le habían enviado un borrador del fallo, con la detención de Moyano. Carzoglio no lo firmó y tomó la resolución contraria. Con posterioridad, el oficialismo le impulsó un juicio político, basado en otros hechos.

Los legisladores advirtieron que los hechos que refirió Arribas en la reunión reservada de la comisión no forman parte de la competencia de las cuestiones a auditar, dado que están prohibidos por la Ley de Inteligencia. Son, en otras palabras, ilegales. “Lo que escuchamos no tiene que ver con la inteligencia sino con la participación de la AFI en una maniobra delictiva desplegada en medio de una operación política que interesaba al Gobierno”, describieron los diputados kirchneristas.

Los mismos diputados enviaron una nota al presidente de la Comisión bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para que cite al juez Carzoglio “para que explique las circunstancias que rodearon su reunión con agentes de inteligencia, habida cuenta de que su versión difiere diametralmente” de la ofrecida por Arribas en el Congreso. También destacaron que el juez “afirma contar con elementos probatorios”, es decir, el borrador de detención que le entregaron los espías.

Por otro lado, los diputados pidieron que se cite al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dado que Arribas sostuvo que las bases de la AFI y su localización fueron decididas por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Los diputados citan la versión de que los ex comisarios contratados por la agencia nacional de inteligencia encontraron negocios de la Bonaerense vinculados a colaboradores de Ritondo; así como la versión contraria: que los agentes de la AFI fueron descubiertos planeando desestabilizar al ministro. Los diputados le pidieron al presidente de la comisión, que responde a la UCR, que avance con la investigación de inmediato.

Martes, 9 de abril de 2019