La menor fue abusada por la pareja de su abuela. La menor le pidió a una médica del hospital donde se atiende que no quiere continuar con el embarazo. La Justicia en connivencia con el gobierno provincial vulneran la decisión de la menor que tiene derecho a una interrupción legal del embarazo.

En enero, Soledad Bazán de 36 años, madre de una niña de once años, denunció en la Unidad Regional Este de la provincia que su hija fue abusada sexualmente por Eliseo Víctor Amaya, de 65 años, quien es la actual pareja de la abuela materna de la menor y producto de esa violación la menor quedó embarazada.

Según el relato de la madre, el acusado aprovechó la oportunidad para abusar de la menor de edad, cuando quedó solo con ella en la casa donde vive junto a su abuela, ubicada en la comuna 7 de Abril, en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán.



Al tomar conocimiento de lo sucedido, la mujer llevo a la víctima a un Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de la zona, donde le confirmaron que la menor está embarazada de 16 semanas.

Luego fue trasladada al hospital del Este, donde se encuentra internada bajo la supervisión de profesionales, desde el día que la madre radico la denuncia.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y ordenó la inmediata detención de Amaya.



Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el detenido es empleado público de la comuna, donde vive y atacó a la menor de edad.

Según consta en su historial clínico, la menor le pidió a la psicóloga del hospital Eva Perón que le saquen "esto que me puso adentro el viejo".

La menor estaba bajo tutela de la abuela materna luego de que la madre de la niña perdiera la custodia porque su novio llegó a abusar de sus dos hijas mayores.

A la menor le detectaron el embarazo el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú y el 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán.



Según informaron, la menor ingresó por “autolesiones”, porque la niña tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales.

En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo.

Pero hasta el momento no le han practicado la ILE y la menor continúa con la gestación a pesar del riesgo.



El secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco declaró al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”, negando lo que consta en su historial clínico donde la menor reclama la interrupción.

El Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado argentino garantizar la interrupción legal de embarazo especialmente en menores de 15 años, pero desde el gobierno provincial hacen oídos sordos.



La fiscal Adriana Giannoni actuó de oficio y está tratando de que intervenga una defensora por el “no nacido”, que todavía no se pronunció. Pero según trascendió, citó a su despacho a los médicos que están atendiendo a la niña y los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal.

Jueves, 21 de febrero de 2019