El gobierno de Mauricio Macri decidió no prorrogar la ley 27.253 que venció el pasado 31 de diciembre y le garantizaba un reintegro del 15 por ciento del IVA por compras con tarjeta de débito a jubilados y pensionados con el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y del plan Progresar, trabajadores de servicio doméstico y personas con pensiones no contributivas menores a la básica.

De este modo, continúa la quita de beneficios a los sectores que menos tienen en medio de la mayor crisis inflacionaria que registra el país desde 1991 para cumplir con el plan de déficit cero que impuso el FMI a cambio de financiar al oficialismo hasta las próximas elecciones.

El límite de la devolución era de apenas 300 pesos por mes, monto congelado desde 2016. Lo que hizo el ministerio de Hacienda que encabeza, Nicolás Dujovne, primero fue empezar a licuarlo en comparación con la inflación creciente hasta que finalmente lo eliminó.

No es la primera medida que el gobierno de Macri toma en los últimos meses en contra de los sectores de menores ingresos, que han venido siendo castigados por la disparada de la inflación. A fin de año oficializó la eliminación de la tarifa social nacional de luz y gas. A su vez, la secretaría de Energía congeló el subsidio a la garrafa social y el Ministerio de Educación hizo lo mismo con la beca que reciben los beneficiarios del plan Progresar. La inflación le ha permitido a Macri recortar ingresos en términos reales sin tener que enfrentar la resistencia que hubiera generado un recorte en los montos nominales, como llevó adelante la Alianza encabezada por Fernando De la Rúa durante la última etapa de vigencia del plan de Convertibilidad, entre 1999 y 2001.

PáginaI12 informó además el sábado que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a enviar cartas a los beneficiarios de pensiones por discapacidad en las que los intima a actualizar sus datos médicos mediante un nuevo sistema digital, que la mayoría de los establecimientos sanitarios públicos no está en condiciones de otorgar, en un plazo de apenas 60 días. Una vez cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está habilitada para “proceder a la suspensión del pago de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”, según las cartas documento oficiales recibidas por algunos beneficiarios -a las que accedió este diario- y que llevan la firma del director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas del organismo, Juan Cruz Escardó. En Santiago del Estero el viernes le llegó la carta a un trabajador que tiene invalidez laboral por una pierna amputada y a otro que tuvo un ACV y utiliza un trípode para caminar. Si no logran presentar lo que les piden, perderán el beneficio y recién podrían volver a cobrarlo si inician el trámite nuevamente, aunque en ese caso deberán esperar varios años porque otra de las estrategias del ministerio que conduce Carolina Stanley es demorar el análisis de los expedientes para no tener que ampliar la nómina de beneficiarios.

Lunes, 18 de febrero de 2019