La Cámara Federal de Apelaciones ratificó ayer el procesamiento por presunta “asociación ilícita” de la senadora Cristina Kirchner en la causa que investiga supuestos sobornos registrados en fotocopias de cuadernos nunca hallados y en la que están involucrados varios empresarios. La ex presidenta cuestionó la ratificación de la Cámara y vinculó la decisión judicial “a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía”.

El fallo firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, ambos designados recientemente por el macrismo, cambió la figura de “asociación ilícita” que también recaía sobre la mayoría de los empresarios imputados y la reemplazó por la de “cohecho”, lo cual hace que el delito sea excarcelable.

“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvieron los jueces en la resolución conocida ayer. Para la Cámara Federal, Centeno “fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista” ya que “lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino”.

Entre los que quedaron dentro de la acusación por “asociación ilícita” están, además de CFK, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Hernán Gómez, José María Olazagasti, Ezequiel García, José López y Walter Fagyas. Solo dos empresarios también fueron señalados bajo esa figura penal: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

Mejor suerte tuvieron los empresarios que aparecieron en las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, presuntamente por haber pagado coimas. Se les dictó la falta de mérito como miembros de la “asociación ilícita” y fueron acusados por “cohecho”. Entre ellos está Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa Iecsa. También quedaron bajo esa figura penal más benévola los empresarios Aldo Roggio, Gabriel Romero, Armando Loson, Hugo Antranik Eurnekian, Luis Betnaza y Juan Carlos de Goycoechea, entre otros.

“¿Dónde se escribirán las sentencias?”, lanzó la ex presidenta a través de su cuenta de Twitter al pedir a quienes la siguen en las redes que lean la columna del periodista Marcelo Bonelli publicada hace una semana en Clarín. En esa columna, Bonelli adelantaba que la Cámara Federal ratificaría el procesamiento de la ex mandataria en la causa por la fotocopias de los cuadernos como parte de una “asociación ilícita”, de la que se excluiría a los empresarios. “Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, sentenció Cristina.

En la columna del jueves pasado, el periodista de Clarín describía el enojo de los empresarios con la Casa Rosada por su rol pasivo frente a los procesamientos de las familias empresariales más influyentes del país en medio de una crisis económica, que hizo desvalorizar los activos de esas firmas, pero indicaba que había un mensaje esperanzador desde el Ejecutivo para esos grupos de poder: “Va a haber un fallo satisfactorio”.

“Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios”, destacó la senadora por Unidad Ciudadana.

Con la decisión de la Cámara, el juez federal Claudio Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional Cristina Kirchner, como anticipó que haría cuando la procesó. En el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, se confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a las ocho fotocopias de los cuadernos de Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de la presunta asociación ilícita.

El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.

Viernes, 21 de diciembre de 2018