La decisión alcanza de manera directa a 11.766 reclamos similares y podría beneficiar también a otras 150.000 demandas por reajuste de haberes. Sin embargo, recién comenzaría a cobrarse en dos años dado que los fondos deben aprobarse en la ley de Presupuesto.

La decisión de la Corte Suprema en la causa del jubilado Lucio Blanco impactará sobre 11.766 reclamos similares. El fallo del máximo tribunal determinó que debe utilizarse Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) para actualizar los salarios al momento de calcular el primer haber mensual de los adultos mayores que se retiraron antes de febrero de 2009. Desde el Palacio de Hacienda estimaron que si la Corte valida el uso del indicador en la totalidad de las acciones legales que se encuentran en el máximo tribunal, la Anses deberá desembolsar 700 millones de pesos adicionales al año. Como las partidas destinadas a cancelar sentencias están fijadas por la ley de presupuesto, el gobierno recién comenzará a pagar esas obligaciones dentro de dos años. La medida también podría beneficiar a las cerca de 150.000 demandas por reajuste de haberes cursando en distintas instancias judiciales. La Casa Rosada pretende limitar el impacto por ley.

“El fallo no pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales”, expresó ayer el ministro Nicolás Dujovne al referirse al recorte en el gasto adoptado para acceder al financiamiento del FMI. “Si las 11.700 causas similares que existen en reciben una sentencia favorable de la Corte Suprema el costo fiscal anual asciende a los 700 millones de pesos.”, aseguró ayer el ministro Nicolás Dujovne al referirse al impacto de la decisión judicial. El monto previsto para el pago de sentencias en 2019 asciende hasta los 34.538 millones de pesos que, según estima la Anses, permitirá saldar alrededor de 40.000 expedientes. “Tenemos que respetar el fallo. No estamos de acuerdo ya que creemos que hay que utilizar el Ripte y no el índice que definió la Corte Suprema”, consideró el titular del Palacio de Hacienda.

La decisión de la Corte Suprema da por tierra con un mecanismo de ajuste indirecto introducido con la denominada Reparación Histórica. La iniciativa aprobada dos años atrás dispuso que a la hora de actualizar el monto de la jubilación inicial se utilizaría del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). La medida implicaba desplazar al Isbic que era el indicador utilizado hasta entonces en la justicia. El cambio de índice redujo de manera significativa el reajuste del haber inicial y, por lo tanto, del retroactivo que le correspondería cobrar al jubilado que gana un juicio. La diferencia surge ya que entre abril de 1995 y febrero de 2009, el Ripte avanzó un 178 por ciento mientras que el Isbic aumentó un 435 por ciento.

“Ni el fallo ni nadie se va a interponer en el cuidado de los jubilados. Este Gobierno tiene el objetivo de ir resolviendo todas las inequidades heredadas del sistema previsional. No se trata de una guerra entre la Corte y el Ejecutivo. Nuestra prioridad es hacer un sistema más justo que cuide a los jubilados, y vamos seguir trabajando en ese sentido”, expresó ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, que no ofreció precisiones sobre el impacto de la medida.

La decisión de la Corte Suprema no solo tiene un alcance limitado y un costo fiscal exiguo sino que desconoce la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Las estimaciones del CETyD-Unsam arrojan que los ingresos indexados con la nueva fórmula de movilidad presentan una caída acumulada en los primeros nueve meses del año del 9,8 por ciento. En la comparación frente al mismo período del año anterior el mecanismo de actualización aprobado en el Congreso hace un año en medio de una brutal represión registra una contracción del 11,5 por ciento.

Miércoles, 19 de diciembre de 2018