De la mano de Carolina Stanley, la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a dar de baja las pensiones por invalidez laboral que otorga el Estado con un procedimiento que detecta "fraude o incompatibilidad a la hora de ser asignada. De esta forma el Gobierno evitaría la vía judicial que frenó el primer intento brutal.

Cuando el Gobierno preparó en la primera parte de su mandato un recorte salvaje sobre las pensiones por invalidez laboral la respuesta fue un contundente rechazo y la presentación de amparos que pedían la nulidad de la medida. En ese entonces la ministra de Desarrollo Carolina Stanley creó la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según informó el diario La Nación, el titular de la agencia Santiago Ibarzábal trabaja con la poderosa ministra en un plan que licúe la cantidad de pensiones que paga el Gobierno. Se centran en detectar incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude.

El discurso oficial dice que en 2017 se llegaron a tener como beneficiarios a 1.048.000 personas. Filtran cifras como que al Estado le "costará" $114.000 millones el año próximo. La queja del equipo de Stanley es que "el Estado también se hace cargo de los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica".

Después del plan inicial que llegó a suspender y dar de baja alrededor de 70 mil asignaciones, ahora buscan ir en una forma más gradual pero asegurándose de que no habrá una instancia judicial desfavorable. Ahora la agencia dependiente de Stanley exigirá demostrar una incapacidad laboral del 76%, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios ni de su grupo familiar.

En los últimos dos meses el Gobierno ya envió 9000 intimaciones, alrededor de 1000 presentaron su descargo en las oficinas de la Anses y unas 400 renunciaron. La idea es avanzar por provincias, apuntan a las que encabezan el listado con más beneficiarios.

En primer lugar se ubica Santiago del Estero con el 8,87% de su población que recibe la pensión, luego viene Chaco (7,92%), Formosa (7,74%), Misiones (6,55%) y Corrientes (5,29%).Ya sin el decreto 432/97 pero con la garantía de que no habrá problemas legales, el Gobierno avanza nuevamente en un recorte brutal.

Lunes, 26 de noviembre de 2018