Según una investigación realizada por el juzgado penal de La Plata tras el cruce de datos de AFIP, Desarrollo Social y la Justicia Electoral, una cuarta parte de los aportantes de campaña declarados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante 2017 son personas de bajos recursos.

La Justicia confirmó que un cuarto de los que figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos son pobres. Los datos surgen del análisis realizado en el juzgado federal número 3 de La Plata, actualmente a cargo de la única investigación penal contra Cambiemos por lavado de dinero, falsedades ideológicas y posibles dádivas en la recaudación realizada por el partido de Gobierno para las elecciones legislativas del año pasado.

Por su parte, el juez Ernesto Kreplak identificó 4.721 aportantes físicos a esta campaña, de los cuales 1.147 son beneficiarios de planes sociales (567) y monotributistas sociales (580). Lo qu equivale al 24,3 % del total de aportantes físicos. Algunos ya testificaron ante la Justicia negando haber aportado dinero en la campaña, a pesar de que sus nombres figuran en la lista oficial entregada por el oficialismo.

Según publicó Perfil, se estima que empresarios con contratos con el Estado prestaron los nombres de sus empleados a Cambiemos, con el fin de que los utilizaran para blanquear aportes con cifras más elevadas. Como por ejemplo la empresa de seguridad privada Murata, cuyos empleados figuran aportantes en la primaria 2015 y en la presidencial 2015 de Mauricio Macri, y en la elección bonaerense de 2017.

Cabe destacar que el jueves pasado, el juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que el magistrado electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu, sea quien decida el futuro próximo de la única causa penal que queda en pie. Ziulu ya opinó que los hechos deben investigarse sólo como irregularidades electoral y no como lavado de dinero, falsedades ideológicas y dádivas.


Lunes, 29 de octubre de 2018