“Cuba pasará a ser un Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. En materia económica, se incorporan otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. El presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos.

Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.

El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.

La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.

Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.

También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.

El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.

Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.

La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.

La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.

La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.

Martes, 31 de julio de 2018