Un magistrado del máximo tribunal brasileño canceló con argumentos frágiles y llamativa celeridad la audiencia en la que debía tratarse un recurso sobre la excarcelación de Lula.

Al margen de la ley. Un juez del Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto con celeridad llamativa y argumentos frágiles la audiencia en la que hoy iba a ser tratado un recurso para que Luiz Inácio Lula da Silva recupere la libertad que perdió el 7 de abril, cuando fue ingresado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. El magistrado en cuestión, Edson Fachin, urdió una “maniobra” violatoria de las “garantías fundamentales” que amparan a todos los ciudadanos brasileños, se afirmó ayer en un documento respaldado por 270 académicos y abogados. El manifiesto reivindica la “defensa de la presunción de inocencia” y censura los “actos que fragilizan a la Constitución”. Los firmantes, entre quienes hay juristas de renombre como Celso Antonio Bandeira de Melo, expresaron su “espanto” ante los atropellos contra el precandidato presidencial Lula, los cuales están empujando al país hacia un “estado de excepción”.

La causa contra Lula es un compendio de arbitrariedades nacidas en la primera instancia del juez Sergio Moro, de la sureña Curitiba, que lo condenó por haber recibido como supuesta coima un departamento en la playa paulista de Guarujá en el que nunca pasó una noche y del cual no es propietario, según lo indica el catastro inmobiliario. Vale decir: una suerte de soborno imaginario que se está pagando con una prisión real.

Ese fallo violatorio de la ley fue ratificado por los camaristas del Tribunal Regional 4 (TRF4), de la también meridional Porto Alegre. En el eje Curitiba-Porto Alegre se ubica el núcleo duro de Lava Jato, la causa nacida como una cruzada contra la corrupción que con el correr de los años dejó a casi todos los empresarios “arrepentidos” en libertad y acabó siendo como el “samba de una nota sola”, cuyo único fin es acabar con Lula. Léase, impedirle que sea candidato a la presidencia el 7 de octubre.

Efímero optimismo
La audiencia de la Sala II del Supremo Tribunal Federal para analizar el recurso por la libertad del imputado fijada para este martes a las 14 horas había alimentado un razonable optimismo en el entorno lulista porque tres de los cinco jueces de ese cuerpo son conocidos por sus posiciones garantistas.

Incluso el conservador diario Estado de San Pablo llegó a publicar que miembros del Supremo admitieron extraoficialmente la posibilidad de que el fundador del Partido de los Trabajadores deje su celda de 3 metros por cinco y sea trasladado a su departamento en San Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo.

Esta hipótesis es inconcebible para quienes utilizan los estrados como instrumento para proscribir al ex tornero mecánico. Porque si hoy es el favorito con el 30 por ciento de las intenciones de voto haciendo proselitismo desde un presidio, podría volverse un vencedor seguro desde su vivienda en San Bernardo convertida en el cuartel general de campaña.

Tal vez por esa razón política, o peor aún electoral, fue que el juez Edson Fachin el viernes por la tarde cuando millones de aficionados, incluso Lula, asistían por televisión al la victoria de Brasil 2-0 sobre Costa Rica, ordenó dejar sin efecto la sesión del Supremo de hoy. Y lo hizo en tiempo récord, sólo dos horas después de recibir una comunicación del TRF4, el tribunal de alzada identificado con Lava Jato. Esa celeridad “anómala” es otro de los absurdos indicados por el documento de los juristas.

Y esta suspensión para analizar la eventual soltura de Lula ocurrió mientras un cambista, acusado de lavar millones de dólares, es dejado en libertad por el mismo Supremo.

El “golpe híbrido” dado en 2016 contra Dilma Rousseff se prolonga a través movimientos judiciales que ya no esconden su vocación antipetista y comienzan a generar fisuras incluso dentro del propio Supremo Tribunal Federal. Esto lo ilustran dos declaraciones realizadas el fin de semana por el magistrado “garantista” Marco Aurelio Mello, del Supremo, para quien la causa contra el ex mandatario es “política”.

Ante tantas evidencias sobre irregularidades la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora de Lava Jato.

Martes, 26 de junio de 2018