Los gremios denunciaron que el Ministerio de Modernización presionó para despedir a 600 trabajadores y que por el bajo presupuesto se vaciará el organismo como en el menemismo.

El INTA confirmó que su planta de 7 mil 400 trabajadores será reducida en un 8 por ciento. El presidente del organismo, Juan Balbín, reconoció haber acordado con el Ministerio de Modernización que tendrá 600 empleados menos para abril del año próximo. Desde Apinta, el gremio del sector, denunciaron que en el organismo ya se perdieron 250 puestos de trabajo en los últimos seis meses y que la mayoría de las investigaciones están paralizadas debido a la falta de presupuesto. “Como en los ‘90, vamos a quedarnos otra vez sin generación de técnicos e investigadores”, advirtió Mario Romero, titular del sindicato.

El ajuste fue decidido por el ministro Andrés Ibarra en el marco de sus informes de “dotaciones óptimas”. El primer pedido de recorte fue planteado a la dirección del INTA a fines del año pasado, pero no se tradujo en despidos inmediatos: a diferencia de los otras dependencias, el Instituto tiene autarquía, lo que le da cierta espalda. Con todo, Modernización presionó hasta lograr la reducción de personal aunque menos cruenta, sin cesantías pero que, sumado al recorte del presupuesto, vacía al organismo.

“Cortaron el recambio generacional, y en este país sabemos lo que significa perder una generación de investigadores y técnicos”, apunta Romero. Durante los años noventa, Domingo Cavallo le quitó al Instituto su autarquía y redujo la planta de trabajadores en un 30 por ciento. Cuando el estado encaró su recuperación, después del 2005, recuerda el dirigente, “tuvimos que mandar a los investigadores a formarse fuera del país, ya que muchos conocimientos se habían perdido”.

Si bien hay un compromiso público de no cerrar ninguna de las estaciones experimentales del INTA, el gremio indica que actualmente no se están logrando hacer los trabajos de investigación y algunos de extensión, destinados a los pequeños productores, por falta de presupuesto.

El INTA tiene 356 oficinas técnicas, 15 centros regionales y 5 centros de investigación. “Combina algo que no sucede en ninguna otra parte de Latinoamérica, que es que la extensión agropecuaria (el trabajo de los técnicos con los productores) y de la investigación”, señaló Manuel Martín, dirigente de la lista Verde y Blanca de ATE. “Esto le agrega un gran valor a lo que hacemos, porque un producto que sale del laboratorio se puede llevar de inmediato a los productores”.

Sin embargo, los recortes en su presupuesto han inactivado el funcionamiento del instituto. “El 90 por ciento del presupuesto del INTA se destina a sueldos. Nos queda un 10 por ciento para funcionar operativamente, pagar los alquileres de algunas agencias, el combustible, la luz y el gas. Es claro que no alcanza, y que cuando en el invierno nos llegue el aumento del gas, sobre todo en las agencias de la periferia, no va a haber plata para pagar los servicios, ni los alquileres. Nos vamos a encontrar con que algunas agencias van a tener que cerrar o mudarse al edificio de otro organismo, del municipio o las gobernaciones”.

Un análisis realizado por ATE advierte que el problema es político y no de fondos. “Lo que el Estado dejó de recaudar con la quita de retenciones al agro equivale a 13 presupuestos anuales del INTA”, indica. El documento compara también lo que demanda el funcionamiento del organismo con los intereses que el Estado paga por las Lebacs. “En el transcurso de un día el Estado pierde 750 millones de pesos en la bicicleta financiera. Con esos recursos, el INTA resolvería los problemas de financiamiento para poder pagar alquileres, combustible, luz, gas, agua, papel y todo lo que necesita. De hecho, en la elaboración del presupuesto, el INTA hizo una demanda de 600 millones de pesos. Si esos fondos se destinaran a la Argentina y no a la especulación, parte del déficit estaría resuelto y organismos como el INTA contarían con recursos necesarios para funcionar”.

Miércoles, 16 de mayo de 2018