Los trabajadores mantenían un bloqueo en la planta de la ruta 205 en repudio al plan de despidos y suspensiones que afectaría a más de 850 empleados, que ya fue presentado por la empresa y firmado por las autoridades del Ministerio de Trabajo. La gendarmería corrió a los trabajadores con la balas de goma, tanques hidrantes y gases lacrimógenos.

Con un mega operativo, que incluyó más de 2.000 efectivos de la Gendarmería y la Infantería de la Policía Bonaerense, los trabajadores de Cresta Roja fueron desalojados esta madrugada de la puerta de la planta que el frigorífico tiene sobre la ruta 205, a la altura del cruce de Unión Ferroviaria. Allí, unos 300 empleados mantenían un bloqueo desde hace quince días en repudio al plan presentado por la patronal para reducir brutalmente la planta de trabajadores y cesantear a 800 operarios. La Gendarmería los desalojó con balas de goma, gases lacrimógenos y tanques hidrantes.

“Somos 300 operarios que estamos en la puerta de la planta manteniendo el bloqueo. A las 4 de la mañana llegaron muchísimos gendarmes y nos empezaron a correr. Nos dijeron que eran 2.400 efectivos. No estábamos cortando la ruta y nos empezaron a tirar con todo. Fue brutal”, le contó a Página/12 Daniel Vega, trabajador y dirigente gremial de Cresta Roja. Dos trabajadores fueron detenidos y otros dos se descompusieron producto de los gases.


Según contaron los empleados que mantienen la protesta, el conflicto comenzó semanas atrás cuando la nueva empresa que operará en el frigorífico, Wade S.A., vinculada con Tres Arroyos, oficializó un programa para reestructurar la planta de trabajadores. El acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y tres de los cuatro gremios con representación en la planta.

Según este plan, los nuevos accionistas buscan hacer funcionar la planta con 250 operarios durante el primer año, con la promesa de incorporar otros 250 en julio del año que viene. El resto de los 800 trabajadores quedarían desempleados.

“Ellos quieren 225 trabajadores en la planta y 1.000 en la calle, con la promesa de incorporar una tanda más en julio. Quedarían 850 personas en la calle, gente que queda sin posibilidad de trabajar. Si nos quieren despedir que lo hagan pero pagando indemnización. Con este plan pretenden suspendernos por un año con una mensualidad de diez mil pesos”, sostuvo Vega, que criticó el acuerdo autorizado por la cartera que conduce Triaca.

“¿Quién puede vivir con 10.000 pesos y mantener una familia. Hay compañeros con más de 30 años de antigüedad”, agregó el trabajador, que contó que la empresa se había comprometido a no avanzar con el acuerdo sin la aprobación de todos los sindicatos con representación en la planta, como es en este caso el rechazo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

Miércoles, 16 de mayo de 2018