Casanova. El prostíbulo fue allanado por la Gendarmería Nacional en un operativo ordenado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres.
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de ocho y diez años para cuatro integrantes de una organización que captaba y explotaba sexualmente a mujeres y menores de edad en tres prostíbulos de la ciudad de Mercedes.

Además solicitó que se revoque la excarcelación a una de las imputadas debido a que se sospecha que en libertad continuaba involucrada en actividades ilegales.

Las solicitudes fueron en el marco de una audiencia que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Corrientes donde se juzga a Claudette Krewer Ramos, María Casco, Sandra Cerri, Mirian Cáceres, Ismael Piñeiro, acusados de administrar los locales “Casanova”, “Capricho” y “Tango” que funcionaban en la ciudad correntina de Mercedes.

En esos inmuebles fueron rescatadas 21 mujeres -una de ellas menor de edad- que ejercían la prostitución y debían garantizar ingresos económicos a los dueños de los locales.

En la jornada de este miércoles 25 de abril el Fiscal General Federal, Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriela López Breard expusieron los alegatos y pidieron ocho años de prisión para María Casco, Sandra Cerri, Mirian Cáceres, Ismael Piñeiro, y la pena de una década de cárcel para Claudette Krewer Ramos, quien había explotado sexualmente a su sobrina menor de edad.

Además solicitaron que se revoque la excarcelación otorgada a esta última imputada debido a que “continúa la explotación comercial de locales vinculados a la actividad evidentemente prostibularia”.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal al fundamentar la solicitud de penas hicieron notar que los imputados tenían comportamientos planificados en relación a las víctimas con el fin de explotarlas al aprovecharse de la vulnerabilidad de éstas.

En este contexto hicieron notar que todas las mujeres sometidas a la prostitución debían cambiarse el nombre por uno de fantasía, hecho que “erosiona la identidad” toda vez que “llegan vulnerables y se aumenta la fragilidad porque les ponen nombres de fantasía para ocultar su verdadera identidad, y separan así el cuerpo del alma, para que no recuerden lo vivido o porque la familia no sabe en qué situación se encuentran”.

Remarcaron que las víctimas “llegan vulnerables a los prostíbulos, y se genera un contexto para que se ejerza violencia de género (de un sexo a otro) que tiene como consecuencia daño psiquico, fisico y sexual”.

Además advirtieron la existencia de violencia física y violencia simbólica permanente por la comercialización de los cuerpos de las víctimas y la “estigmatización mercantil por extraer dinero de sus cuerpos y de su sexualidad”.

Indicaron que los acusados se habrían aprovechado de la situación de las víctimas quienes son madres de varios hijos y están a cargo de la manutención y el cuidado de los mismos pero en una precaria situación económica.

En el debate se expuso la situación extrema de una de ellas quien había sido captada para ejercer la prostitución luego del fallecimiento de su marido y la necesidad de hacerse cargo de tres de sus hijos.

Otra de las víctimas había relatado que se inició en el círculo desde la minoría de edad junto a su hermana, también menor, debido a que en su casa “faltaba la comida”.

Y otra víctima señaló que su madre se hallaba enferma de cáncer, por lo que debía afrontar los gastos de atención médica y medicamentos.

Ninguna de las mujeres rescatadas terminó el ciclo de educación básica.

La menor, en tanto, había sido traída a Corrientes por una tía que ejercía la prostitución y la ofreció en uno de esos locales sin posibilidad de regresar a su hogar.

Viernes, 27 de abril de 2018