Los maestros porteños de UTE aprobaron parar 48 horas la semana que viene y llevarán esa propuesta a la Ctera, que tomará una decisión el viernes. Mañana habrá nuevas rees paritarias en la Capital y la Provincia de Buenos Aires, pero sin expectativas de acordar.

Los docentes de las escuelas públicas se preparan para ir a un paro nacional de 48 horas el próximo lunes y martes, cuando deberían comenzar las clases. La medida de fuerza fue aprobada anoche por los maestros de la Capital –el único distrito del país donde el inicio del ciclo lectivo fue fijado para unos días antes, este jueves– y será puesta a votación el viernes por la Ctera –la federación que reúne a los principales sindicatos de docentes estatales del país–. Por como vienen las paritarias, el paro es prácticamente un hecho. Si bien tanto el gobierno porteño como el bonaerense convocaron a continuar mañana las negociaciones, no hay expectativas de llegar a un acuerdo porque las propuestas de aumento salarial están clavadas en un 12 y un 15 por ciento, respectivamente.

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El juego de dividir
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio docente de más peso en la Ciudad de Buenos Aires, hizo un plenario en el que anoche decidió un plan de acción para exigir una recomposición de los sueldos del 24 por ciento con cláusula gatillo.

Los maestros porteños harán marchas, abrazos a las escuelas y otras acciones de protesta desde mañana, en la previa del comienzo de las clases, hasta el viernes: el miércoles se movilizarán con otros gremios al Ministerio de Hacienda porteño (ver aparte); para jueves y viernes, anunciaron actividades en las escuelas. El lunes y el martes cumplirán el paro de 48 horas. Como integrantes de la Ctera, llevarán a su congreso un mandato de extender este paro a nivel nacional.

Otro gremio de los docentes porteños, Ademys, también decidió parar lunes y martes en caso de que haya una huelga docente de carácter nacional, y además convocó a sus afiliados a no iniciar las clases este jueves.

En la paritaria, el gobierno porteño ofreció a los maestros un 12 por ciento de aumento, en tres cuotas: 900 pesos en marzo, 450 en agosto y 450 en octubre. La propuesta es inaceptable para los gremios, que despliegan razones para su rechazo:

En el distrito con más recursos del país, el salario inicial docente es de 13.800 pesos, por debajo de la línea de pobreza.
Los 12 puntos están por debajo de la inflación anual estimada por el propio gobierno en un 20 por ciento para 2018.
Son menos, además, que los 15 puntos planteados por el presidente Mauricio Macri como pauta de aumento para los sueldos estatales.
Así, las jornadas de protesta de este miércoles, jueves y viernes y el paro de 48 horas fueron votados en reclamo de paritarias sin techo. Por otra parte, los docentes exigen un mayor presupuesto educativo y vacantes para todos los alumnos porteños.

Según los datos de UTE, en los últimos dos años más de 12 mil chicos quedaron sin lugar en las escuelas públicas de nivel inicial. Aunque el artículo 24 de la Constitución porteña señala que la ciudad debe “asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”, cada año se repiten las denuncias de los padres que no consiguen un lugar para sus hijos de hasta 3 años, sin que el gobierno porteño invierta en los edificios y nombramientos docentes que faltan.

Por el contrario, el Ministerio de Educación de la Ciudad acaba de sumarse al cierre de escuelas: en marzo le bajará la cortina a 13 sedes del plan Fines (ver página 15), donde cursan unos 500 alumnos de sectores vulnerables. La promesa oficial es que serán “reubicados”. Pero como en el caso de las escuelas cerradas en territorio bonaerense por la gobernadora María Eugenia Vidal, el término relocalización se aplica livianamente, como si se tratara de alumnos que disponen de recursos y tiempo para trasladarse a un lugar de cursada forzosamente más lejano sin que esto afecte sus posibilidad de seguir estudiando.

En la desaprensión con que la que el tema viene siendo manejado, los ministros de Educación confirman cierres de lugares de estudio mientras Desarrollo Social anuncia que aumentará los controles a los beneficiarios de los planes sociales, exigiéndoles que terminen sus estudios secundarios si quieren mantener el cobro del ingreso social.

La gobernación bonaerense también llamó a los docentes a una nueva reunión paritaria para mañana. Será el tercer encuentro del mes, como en el caso porteño con poco margen para la negociación, ya que la provincia no se ha movido del 15 por ciento en tres cuotas, sin cláusula gatillo. Para maquillar ese número a la baja, la administración de Vidal plantea que pagará un ítem por presentismo, condicionando así una parte del aumento a que los docentes no adhieran a los paros. El planteo no deja a los gremios ninguna posibilidad de acercar posiciones.

En el resto del país, la mayoría de las provincias van unos pasos atrás en sus negociaciones. Tras la decisión del macrismo de eliminar la paritaria nacional docente, el distrito gobernado por Vidal quedó en el lugar de guía de las paritarias locales.

En Santa Fe, ayer el gobernador Miguel Lifschitz ofreció, como calcado del planteo bonaerense, un 15 por ciento en tres cuotas. Los gremios lo rechazaron.

A una semana del inicio de las clases, en los 24 distritos del país sólo dos –Salta y Misiones– tienen sus paritarias acordadas. En Misiones el aumento tuvo como contrapartida una baja en los aportes jubilatorios: el Estado pondrá en un bolsillo de los docentes lo que les saca del otro, desfinanciando su caja previsional. En Salta un sector de los gremios firmó por el 15 por ciento en cuatro cuotas y sin cláusula gatillo.

Los gobernadores mantienen en sus ofertas el techo fijado por la Casa Rosada. Los gremios se encuentran así frente a propuestas que no pueden aceptar, y en algunos casos incluso todavía no han tenido siquiera una primera reunión.

Martes, 27 de febrero de 2018