La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de quienes están incluidos.

"Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso", dijo la funcionaria nacional en diálogo con radio Mitre al ser consultada sobre un plan del Gobierno para que los beneficiarios estudien como contraprestación.

En ese sentido, remarcó que "la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad". Asimismo, subrayó que "cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria".

Stanley dejó claro que la iniciativa es "a favor de la gente" y que no cree que genere "resistencias", al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema "con las organizaciones sociales" y que el objetivo es tratar "caso por caso".

"Buscamos entender qué necesita cada persona y trabajar para cada una de ellas. Empezamos en noviembre en las oficinas de Anses de todo el país con la actualización de datos, conociendo a cada persona: qué hacen, cuál es su nivel de educación, en que se han capacitado, en qué se quieren capacitar, y en qué quieren trabajar el día de mañana", señaló la titular de la cartera de Desarrollo Social.

El objetivo, resumió, es que cada beneficiario de un plan social pueda "acceder a alguno de los diferentes mecanismos para terminar el secundario", y luego "capacitarse para trabajar de lo que quieren", y destacó que pueden trabajar, por ejemplo, "en las conexiones de agua en casas y barrios, en las veredas, y en todo lo que hace a la integración urbana".

Según publicó hoy el diario Clarín, el plan del Gobierno incluye que ya no sean las organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes. Se trata de unos 50 entes que dejarían de percibir unos $ 12.000 anuales por cada beneficiario. Y lo mismo pasaría con los municipios, los cuales reciben $ 18.000. Con esto, el Ejecutivo tendría un ahorro de unos $ 1.500 millones que serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables.

Conocida la información, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, consideró que el Gobierno "busca disciplinar a los movimientos sociales que junto a las centrales obreras se manifestaron de manera masiva el pasado 21 de febrero".

"Más allá de las propuestas de modificación de las políticas sociales, lo que se busca de fondo es que no exista organización comunitaria. Nosotros creemos que la organización comunitaria es primordial a la hora de garantizar y potenciar el impacto y la llegada de las políticas sociales. Las organizaciones sociales tienen un rol fundamental porque garantizan que las políticas lleguen de manera concreta a los barrios. Además, es también la organización comunitaria la que ha cuestionado históricamente los intentos de ajuste. Eso es lo que busca disciplinarse hoy: el cuestionamiento a las políticas económicas regresivas", afirmó Menéndez.

Y agregó: "Nos parece de suma importancia que se le siga dando un presupuesto adecuado a las áreas de capacitación. Pero es primordial que esa capacitación se transforme en trabajo digno y puestos laborales concretos. En los barrios hay muchas escuelas de oficio, pero lo que falta es trabajo. Pero con los nuevos anuncios, no se estaría priorizando la generación de empleo en cooperativas de trabajo. Generan una falsa dicotomía entre capacitación y empleo, cuando las dos son igual de importantes".

Lunes, 26 de febrero de 2018