Varios funcionarios del Gobieno nacional se aprestan a enfrentar semanas turbulentas en el terreno judicial, tras los requerimientos que efectuaron varios representantes del Ministerio Público Fiscal a los jueces federales que investigan denuncias en donde se encuentran involucrados algunos ministros.

La semana pasada, el fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria de varios miembros del gabinete macrista en el marco de una causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, en un caso que viene arrastrado de gestiones anteriores. "Se trata de una denuncia formulada por una abogada que representa a un grupo de extrabajadores de la desaparecida Entel, que se consideran damnificados por el trato que se les dispensó durante la distribución de las acciones Clase C en el marco del Programa de Propiedad Participada (PPP) con el que el gobierno de Carlos Menem intentó conformar los cuestionamientos de los sectores sindicales que se oponían a la privatización de las empresas del Estado", explicó a Ámbito Financiero una fuente judicial.

En uno de los tantos reclamos efectuados ante la Justicia (en el que se reclamaba la pérdida del valor de las acciones cedidas a los empleados despedidos), la Corte Suprema le dio la razón al demandante y declaró inconstitucional el mecanismo de actualización dispuesto por el decreto gubernamental, por lo cual el grupo representado por la doctora Liliana Zabala volvió a reclamar la derogación de la normativa. Como desde el Gobierno sostuvieron que el fallo afecta solo al caso particular y no tiene efecto de ley (negándose a derogarlo), Zabala solicitó que se investigue a todos los funcionarios por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y desacatar un fallo del supremo tribunal. En base a esta nueva denuncia, Delgado consideró que había elementos como para indagar a los funcionarios y le requirió al juez Casanello la indagatoria de varios ministros, entre ellos Jorge Triaca y Oscar Aguad.

Caputo, más complicado

Más allá de la encendida defensa efectuada por varios de sus pares de Gabinete y dirigentes del PRO, desde el Ministerio Público Fiscal quieren profundizar la investigación sobre los vínculos de Luis Caputo con las empresas a la que se lo vinculó a partir de la investigación del equipo argentino de los Paradise Papers.

El fiscal federal Carlos Rívolo -que tiene delegada la pesquisa- le pidió al juez Julián Ercolini que ordene el levantamiento del secreto fiscal sobre Caputo, que fue accionista de sociedades offshore en Islas Caimán dedicadas al negocio financiero entre 2009 y 2015, antes de asumir en la función pública, algo que omitió en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción al arribar a su actual cargo. Ahora, con el pedido de información a la AFIP, se busca cotejar si la actividad en cuestión fue o no informada al organismo recaudador. Rívolo solicitó a las declaraciones juradas de Caputo ante la Oficina Anticorrupción (OA), tanto la documentación pública como los legajos reservados. Entre las primeras medidas también pidió las declaraciones juradas del funcionario ante la AFIP para determinar si Caputo ocultó datos patrimoniales al fisco. Solo los jueces pueden ordenar este tipo de medidas al organismo recaudador, que tiene la obligación de responder.

La que quedó involucrada también fue la esposa del ministro de Finanzas, Ximena Ruiz Hanglin. Avanza el pedido que el fiscal Carlos Stornelli le efectuó al juez Luis Rodríguez para que la impute en una causa en la que se investiga una presunta defraudación contra la administración pública por la compra de dólar futuro. La denuncia original sostiene que Ruiz Hanglin habría comprado contratos de dólar futuro y que habrían generado una ganancia de $31.096.700.

Lunes, 26 de febrero de 2018