Una vez más la justicia dispuso el allanamiento en las oficinas de la dirección provincial de Energía (DPEC) de calle San Martín esquina Salta, en el marco de la “causa Ruiz Díaz”. Cerca de las 9:30 de la mañana del lunes se hicieron presentes oficiales del fuero penal con una orden de inspección y secuestro firmada por la Jueza de Instrucción 1, Norma Agraso. Según fuentes de la DPEC se buscaba documentación relacionada con proyectos confeccionados en la entidad energética por valor de 55.000.000 de pesos.

Los ilícitos investigados, tras la denuncia de Alberto Ruíz Díaz se refieren a una obra de cuatro partes: 1)-Línea de Media Tensión 33kV Colonia. Carolina / San Isidro; 2)-Línea de Media Tensión 33kV Colonia Carolina/ Colonia Batel; 3)-Estación Transformadora 33/13,2 kV San Isidro; 4)-Estación Transformadora 33/13,2 kV Colonia Batel. Versiones judiciales aseguran que los proyectos que se diseñaron en la DPEC aparecen después presentados y facturados como si hubiesen sido realizados por empresas privadas. Para el ministerio público se constituiría el delito de peculado. La obra investigada fue adjudicada en forma directa por una excepción fundada en razones de urgencia, con un plazo perentorio de 240 días; con un presupuesto de $8.119.166,10 y un anticipo del 30% cobrado por el contratista a la firma del convenio ($2.435.749,83). Ahora para conocer su valor real, faltaría sumarle las “redeterminaciones de precio” por mayores costos. El emplazamiento se inició el 09 de abril de 2008 y debió estar finalizado el 5 de diciembre de ese año. A la fecha de la denuncia (mayo de 2010) la obra se hallaba atrasada 541 días y la parte construida era menor al 30% (23,40%). Permanecería paralizada hasta el día de hoy, aunque la especie no fue confirmada.
Fue el segundo allanamiento y secuestro de documentación que se produce en la Gerencia de Ingeniería de la DPEC que funciona en la 3ra planta del edificio en calle San Martín y Salta. El primero sucedió el 5 de agosto de 2010.
Las pruebas también indicarían que funcionarios de la empresa energética, entre el 2007 y 2008, habrían adjudicado obras públicas a constructoras, sin respetar la regulación y las exigencias en licitaciones y contrataciones del Estado, prevista en la ley 5571 (administración financiera de la provincia). Alberto Ruiz Díaz dijo que “son más de 10 obras adjudicadas de manera informal, donde se pagaron sobreprecios. Están imputadas ex autoridades y personal que sigue trabajando”. Según Ruiz Díaz “las obras en su momento costaron 55 millones de pesos”.

Jueves, 15 de diciembre de 2011