En las últimas semanas, ante los dichos del Diputado Nacional Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO, proponiendo una presunta reconciliación con los genocidas de la última dictadura cívico-militar, que en realidad es una forma de sellar la impunidad y de echar por tierra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la organización MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad) quiere expresar categóricamente su rechazo y repudio a dichas expresiones.

Estas declaraciones no dejan de constituir una continuidad del signo que le imprimió este gobierno a su gestión desde los inicios. No podemos dejar de nombrar los hechos de represión y de persecución a militantes y referentes de distintas organizaciones políticas y movimientos sociales, cuyos puntos de inflexión se hallan expresados en el encarcelamiento de Milagro Sala, en la desaparición y posterior muerte a manos de la Gendarmería Nacional del joven Santiago Maldonado y en la muerte a manos de la Prefectura del joven mapuche Rafael Nahuel; la reivindicación de los genocidios del siglo XIX contra los pueblos originarios en los dichos del entonces Ministro de Educación, Esteban Bullrich; en el encarcelamiento y violencia extrema empleada como medio de intimidación a los opositores; en la criminalización de la protesta social y de los reclamos contra las políticas de ajuste a los jubilados; en las repetidas amenazas a los sindicalistas que defienden los derechos básicos de sus compañeros y en el fallido intento de imponer a los genocidas el régimen del 2x1, que originó la movilización más grande y organizada que enfrentó este gobierno y que obligó a los jueces del “partido judicial” a dar marcha atrás con esta medida.



En correspondencia con todo lo que venimos diciendo, a partir del mes de diciembre del año pasado se empieza a dejar en libertad, con la figura de la detención domiciliaria, a genocidas condenados en reiterados juicios a lo largo y ancho del país, ejemplo de ello es la liberación de Miguel Etchecolatz en Buenos Aires.



Respecto a la provincia de Corrientes, denunciamos a toda la comunidad de Goya, la prisión domiciliaria en la Provincia de Córdoba, dispuesta por el TOF (Tribunal Oral Federal) de Corrientes del ex militar Alberto Silveira Escamendi quien junto a otros represores fuera condenado a 25 años de prisión, en el año 2011 en el denominado “Juicio Goya”, contra los represores que actuaron en nuestra zona. El citado Silveira Escamendi además de los cargos vinculados a torturas en distintos centros clandestinos de detención local, fue condenado también por la desaparición de la docente Elida Goyeneche. También el TOF de Corrientes concedió el bebeficio de la prisión domiciliaria a Rafael Barreiro, condenado en la causa del Regimiento 9 de Corrientes por secuestros, torturas y desapariciones y Carlos Faraldo de Paso de los Libres, por idénticos delitos de lesa humanidad.

También debemos mencionar la persecución a la Organización Madres de Plaza de Mayo y la grave situación económico social originada por los despidos de miles de trabajadores públicos y privados, cierre de organismos del estado y otras fuentes de trabajo, precarización de la Salud Pública, la Educación, en síntesis, pérdida general de derechos, que nos está llevando a un nuevo genocidio por la pauperización e indefensión de millones de argentinos y sus familias.

LUCHEMOS POR RECUPERAR NUESTROS DERECHOS PARA UNA VIDA DIGNA CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Goya, Corrientes, 6 de febrero de 2018 COMISION DIRECTIVA DE MEDEHS

Miércoles, 7 de febrero de 2018