La iniciativa de “desburocratización y simplificación del Estado” podría ser tratada en febrero por la bicameral de trámite legislativo. Cambiemos tiene mayoría en la comisión aunque podría sufrir un revés cuando llegue al recinto de ambas Cámaras.

La decisión de Mauricio Macri de evitar el Congreso y gobernar por decreto podría unir a todo el arco opositor para ponerle un freno. El miércoles ingresó al Congreso el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno anula 19 leyes y modifica sustancialmente otras 140. La decisión desató duras críticas de las principales bancadas de oposición, como el FpV-PJ y el Frente Renovador porque avanza sobre las atribuciones exclusivas que la Constitución le asigna al Poder Legislativo, pero también de la oposición dialoguista referenciada en los gobernadores peronistas que calificaron el DNU como “abusivo”. Aunque la alianza Cambiemos se garantizó la mayoría de los asientos en la comisión bicameral que analiza los DNU, el arco opositor le provocaría un duro revés si ratifica en los recintos de ambas Cámaras del Parlamento sus pronunciamientos por el rechazo.

El megadecreto 27-2018 de más de 100 fojas ingreso al Congreso en la tarde-noche del miércoles. La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que aun no está formalmente conformada tras el recambio legislativo, lo trataría en los primeros días de febrero. Cambiemos se asignó en el reparto 8 de los 16 lugares de la Bicameral y el voto decisivo de la presidencia rotativa, que este año está en manos del oficialismo.



El formato que Cambiemos diseñó para blindar los decretos con que el Presidente busca eludir las dificultades que sus reformas podrían encontrar en el Congreso. Sin apuros, a pesar de los tiempos reglamentarios que debe cumplir, el oficialismo convocaría a su conformación convencido de que no aceptará situaciones traumáticas, más allá de un áspero debate, sino dejaría su integración en stand by. En tanto, el DNU tendría vigencia.

Más difícil para el oficialismo será, en cambio, evitar que la dispersa mayoría opositora unifique posturas por el rechazo del mega DNU y habilite su tratamiento en los plenarios de ambas Cámaras tras el inicio del periodo ordinario del Congreso, que arranca el primero de marzo. En esa apuesta ya trabajan diversas bancadas opositoras.

El DNU que el Gobierno bautizó como “desburocratización y simplificación del Estado”, avanza sobre atribuciones exclusivas del Congreso en temas penales y tributarios que la Constitución excluye expresamente de los decretos presidenciales. También invade derechos constitucionales como la “inembargabilidad” del salario facilitando los embargos de la cuenta sueldo de los trabajadores; habilita al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses que sostiene todo el sistema provisional a operar en el mercado financiero; faculta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a saltearse la competencia judicial de los fiscales y reduce las multas de infracciones laborales a las empresas. Además, reduce los tiempos de hacer públicos actos de Gobierno, como las licitaciones a las que convoque el Estado. Ese es el listado en el que se aglutinan las principales críticas del arco opositor, así como la “inexistencia de necesidad y urgencia” para dictar el DNU.

“Es una burla del presidente Macri al Parlamento atravesando la esfera de división de poderes”, dijo el presidente del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi. “No vamos a permitir que gobiernen por decreto”, sostuvo Graciela Camaño tras presentar un recurso para que la justicia declare inconstitucional el decreto. “El mega DNU atenta contra el rol del Congreso y la transparencia”, sumaron los diputados del Bloque Justicialista, referenciado en los gobernadores peronistas, al tiempo que afirmaron que trabajaban en articular una postura conjunta con el bloque de senadores que conduce Miguel Angel Pichetto. “Es abusivo”, dijo el senador rionegrino. Las posturas están tomadas. Habrá que ratificarlas.

Viernes, 26 de enero de 2018