Pasa el tiempo pero las mañas quedan. El Gobierno está presto a cometer un nuevo fraude con los jubilados. La ley que le quitó la movilidad a las jubilaciones preveía, como una panacea, que quienes tuvieran en el cálculo de su haber el componente de Prestación Básica Universal (BBU) tendrían un haber mínimo equivalente al 82% del haber mínimo vital y móvil.

Quedaban excluidas, en forma discriminatoria y arbitraria, aquellas personas que hicieron uso del “Plan de Inclusión Jubilatoria”, reducido y desmerecido actualmente por el organismo previsional argentino y por los medios hegemónicos a “simples jubilados de segunda”, denominándolos despectivamente como los beneficiarios de las “moratorias”. Tampoco recibirán nada quienes cobren una pensión, ya que la pensión no incluye en su calculo la PBU, y por la misma razón nada recibirán los jubilados por invalidez. Quedan también afuera quienes cobren más de la mínima, lo mismo ocurre con quienes perciben dos beneficios, jubilación y pensión, ya que la suma de ambos supera el haber mínimo. Por si fueran pocos los excluidos, tampoco serán beneficiados quienes hayan hecho uso de Declaración Jurada para la obtención del beneficio previsional.

Pero el Gobierno, al igual que hizo cuando implemento la llamada Reparación Histórica, lanzó un número mágico: 1,1 millón de beneficiarios. Recordemos que en aquel momento el número mágico era 2,4 millones de personas. La publicidad nos invadió tratando de hacernos creer que con la Reparación Histórica se había resuelto la litigiosidad definitivamente. Nada de eso ocurrió, los 2,4 millones de beneficiarios que pronosticó el gobierno como por arte de magia se transformaron, en boca del propio presidente de la república, en un millón cien mil, aunque todos sabemos que en realidad no alcanzaron los 700.000 y de esos sólo el 2% de los que iniciaron juicio por reajuste aceptaron la propuesta. ¿Éramos videntes o teníamos la bola de cristal cuando dijimos que la medida no superaría los 700.000 convenios homologados? No, no somos adivinos ni nada parecido, simplemente vemos la realidad y como siempre, a la larga o a la corta ésta se impone sobre el marketing, sobre el abuso de la publicidad y sobre la complicidad de los medios hegemónicos.

Con esta nueva propuesta del 82% móvil pasa lo mismo, la ANSES acaba de informar que con su implementación se beneficiarán 1,1 millón de personas, y lo hace a sabiendas de que es una gran mentira. Hagamos algunos números y sabremos la verdad: según el informe estadístico que publica ANSES, en noviembre de 2017 el sistema nacional contaba con 6.801.836 beneficiarios, de los cuales 3.633.265 que la ANSES identifica como “moratoria” lo reducen a 3.168.571. En ese número, hay 728.000 personas que cobran más que la mínima; 855.000 pensionados; 158.000 jubilados por invalidez; 630.000 personas que cobran jubilación y pensión y 475.000 que hicieron uso de declaración Jurada para completar años de servicios. Es decir que, sin contar errores del sistema liquidador y otras cuestiones menores, en el mejor de los casos el número de beneficiarios podrá alcanzar los 317.000 personas.

Pero veamos de qué se trata el beneficio por el que se hace tanto ruido. A partir de enero el haber mínimo, vital y móvil será $9.500 por lo que el 82% representa $7.790. Ahora bien, el haber mínimo jubilatorio actual es de $7.246, esto quiere decir que el incremento alcanzará la friolera de $544. Pero que pasará con esos $544 en marzo, donde la mínima alcanzará los $7.608? El incremento alcanzará el magro valor de $182. Pero hay un “premio mayor”: todos los beneficiarios que, producto de la reparación histórica salieron de la mínima, con alegría volverán a ser “beneficiarios de la mínima”, porque esos $544 se lleva puesta la reparación histórica. Eso sí, de esto ANSES no dirá nada, no hará marketing, ni publicidad, total los que pierden son los que el neoliberalismo decide que siempre pierdan.

Si se hubiera mantenido la vieja formula de movilidad, en marzo el haber mínimo jubilatorio alcanzaría los $8.304. Esto quiere decir que los supuestos 1,1 millón de personas según el gobierno, o los 317.000 que aquí se explican, perderán en marzo $696, esa es la cruel realidad.

Los jubilados somos fieles destinatarios de lo que hoy se ha dado en llamar la postverdad, que no es otra cosa que mentir con naturalidad y repetir esa mentira hasta el cansancio. Pero algo cambió el 21 de diciembre cuando la sociedad acompaño masivamente el reclamo de los jubilados y pensionados, ojalá que no se olvide fácilmente…

Martes, 9 de enero de 2018