Corrientes tiene un déficit de 43.308 viviendas y sólo 996 en construcción, de esa cifra 822 viviendas fueron terminadas. Estos datos surgen de un informe elaborado por el diario La Nación, en el cual se informa de las cifras oficiales de todo el país y que posicionan a Corrientes en el octavo lugar entre las más deficitarias.

La Argentina tienen una escasez de 1,3 millones de casas. Están en construcción 81.000, de las cuales el año pasado sólo se terminaron 5.168.

Buenos Aires encabeza el listado de provincias con mayor déficit habitacional, con una demanda de 532.203, tiene en construcción unas 12.130, pero tan sólo ha podido finalizar 471. Sigue la Ciudad de Buenos Aires, con una déficit de 108. 572, en construcción figuran 2.629 de las cuales ninguna se han finalizado.

En tercer lugar, se encuentra la provincia de Santa Fe, con una necesidad habitacional de 98.159, en obra se encuentran unas 2.229 y de las cuales sólo han terminado 86. Luego, se ubican: Córdoba, allí unas 67.311 familias esperan por una vivienda propia; de cerca le sigue Salta, 62.340, Tucumán con 50.207 y Mendoza con una necesidad de 47.485. Mientras que en la provincia vecina de Chaco, ubicada en el puesto 10, necesita unas 39.424 viviendas, tan sólo 7.547 están en construcción y el año pasado tan sólo logró finalizar unas 245 casas. Ante este escenario, el Gobierno nacional creó un registro que deberán usar los distritos que reciban fondos nacionales; el objetivo es eliminar la discrecionalidad en la asignación y los fraudes contra el Estado.

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El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, firmaron en las últimas horas una resolución que invita a las provincias a sumarse al registro. Aunque la propuesta no es obligatoria, será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del Gobierno nacional para financiar obras en su territorio. “No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios, si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70% o el 100% de la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro”, aseguró Amaya. A cambio, los gobernadores mantendrán un alto grado de autonomía al momento de definir dónde, cómo y con qué empresa construir las viviendas.

También seguirán administrando los recursos que envíe la Nación, algo que fue puesto en duda por algunos funcionarios el año pasado.s


Lunes, 8 de enero de 2018