Con la casi certeza de su implementación en los primeros meses de 2018, en la mañana de ayer se realizó la audiencia pública, prevista por ley, ante un pedido de aumento de tarifas realizado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). En el encuentro, coordinado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, y realizado a 130 kilómetros de la capital correntina, en el SUM municipal de Caá Catí, sólo participaron funcionarios provinciales, el intendente de esa localidad, Jorge Meza, y los tres inscriptos: el Defensor del Pueblo de la Provincia, César Vallejos Tressens; el ingeniero Hugo Luis Espriú, miembro de la Federación de Cooperativas Eléctricas, que lo hizo en calidad de ciudadano, y Nelson Veas Oyarzo por la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes.

Rodríguez, que estuvo acompañado por el subinterventor de la Dpec, Néstor Héctor Fernández, sin dar muchos detalles resaltó que “el objeto de esta audiencia pública es la de poner a consideración del público en general el mecanismo que permite pasar a la tarifa de usuarios finales, un valor representativo del costo de compra de electricidad de la Dpec” (por su denominación en inglés este mecanismo es conocido como Pass Through). Si bien no se aclaró cómo impactarían esas variaciones en las diferentes categorías de usuarios, la empresa también dejó entrever que el incremento será aplicado en la provincia en forma inmediata. En el turno de los participantes, el Defensor del Pueblo no hizo uso de la palabra y sólo presentó un escrito “con recomendaciones a la empresa”. Y el ingeniero Hugo Luis Espriú coincidió con Veas Oyarzo en la nulidad de la audiencia pública. Es así que el titular del organismo de Defensa del Consumidor dijo: “Estamos en total desacuerdo y solicito que conste en actas esta manifestación, y consecuentemente requerimos que se declare esta audiencia pública como un acto viciado y de carácter nulo, dado que la misma debió haber sido convocada por el Ente Provincial Regulador de Energía”. Por otro lado, sentenció que “rechazaron que se autorice el sistema de Pass Through (viene a ser como un ajuste automático), está prohibido por las leyes nacionales”. Dentro de los 30 días se procederá a la resolución final de la cuestión.s

Sábado, 30 de diciembre de 2017