La costumbre de aplicar prácticas de “Lawfare” en Corrientes se intensificaron a partir del 10 de diciembre. Las acciones digitadas por el Gobierno tienen como fin ocultar información sobre la profundización de la crisis económica y el debilitamiento social, pero también para frenar las acciones de las organizaciones civiles y políticas críticas a la gestión de los funcionarios del radicalismo que llegaron al poder apoyados por Mauricio Macri.

Los embates jurídicos contra los grupos opositores a los partidos oficialistas cuentan con la anuencia de la cofradía de funcionarios nombrados durante los períodos en los que Ricardo Colombi ocupó la Casa de Gobierno.

Estas acciones ya fueron aplicadas durante la gestión que culminó el 10 de diciembre. Los ejemplos más conocidos fueron la proscripción judicial de Víctor Cemborain y de Gerardo Bassi, vedados de participar en las votaciones en sus respectivas ciudades, y la confección de expedientes acusatorios a otros referentes territoriales opositores a la alianza partidaria Encuentro por Corrientes+Cambiemos.

Las acciones de Lawfare también son aplicadas por el actual gobernador Gustavo Valdés.

Aparentemente, el objetivo que persigue con el armado de causa judiciales tiene un fin distinto al de su predecesor -que buscaba diezmar la competencia electoral- ya que le urge desviar la atención respecto de las consecuencias económicas y sociales que derivarían de los acuerdos que firmó la Provincia con la Nación en materia fiscal, como también el impacto que tendrán en Corrientes las leyes nacionales que establecen modificaciones previsionales y presupuestarias.

¿Cómo repercutirá la Reforma Previsional en Corrientes?

La normativa impulsada por el Estado Nacional para aplicar un ajuste en el sector que, a su criterio, “se lleva la porción más grande de la torta”, es decir, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, ex combatientes de Malvinas y personas con discapacidad, impactaría en Corrientes con un pérdida total estimada en 1.500 millones anuales.

Estas cifras se traducen, por ejemplo, en la pérdida del dinero necesario para comprar 66 paquetes de leche en polvo, 45 cajas de medicamentos cardiovasculares o 70 kilogramos de carne al año por cada jubilado o pensionado que cobra un haber mínimo en la provincia.

Ante esta alternativa, el gobierno nacional, con la anuencia de la cúpula provincial, intentarían poner “paños fríos”, debitando en la cuenta bancaria de cada uno de los 300.000 correntinos afectados, un bono equivalente a 700 pesos –otorgados por única vez y “en negro”-, que compensaría sólo en un 7,8 por ciento la quita de dinero.

En este sentido, los referentes del Justicialismo local dieron a conocer un documento repudiando las medidas impulsadas por el gobierno nacional y avaladas por el oficialismo correntino.

Tamandaré Ramírez Forte, Félix Pacayut y José "Pitín" Ruiz Aragón, integrantes del Consejo Departamental del PJ, dieron a conocer el posicionamiento del bloque.

“En vista de los graves y tristes acontecimientos que los argentinos volvimos a observar, al repetirse las mismas políticas económicas que llevaron en 2001 a la peor crisis política, económica y social de nuestra historia; manifestamos nuestro más profundo rechazo a esta perversa ley que impuso por la fuerza y con extorsión el Gobierno Nacional; con la que lesiona gravemente los derechos de nuestros jubilados, del pueblo trabajador, de los sectores más vulnerables y lastima a nuestros queridos patriotas Ex Combatientes”, expresaron.

El Pacto Fiscal

En una recorrida por la textil Tipoití, el gobernador electo Gustavo Valdés no pudo eludir las preguntas de los presentes y debió referirse a la aprobación del ajuste a los pasivos.

En este sentido, Valdés reconoció que el pacto fiscal no sería provechoso, pero que, desde Nación, no habrían dejado margen para grises.

En este sentido, Corrientes fue una de las primeras provincias en acordar con el gabinete nacional, a cambio de la promesa de recibir incentivos para activar la incipiente industria local.

Conforme a los lineamientos ideológicos a los que representa, el primer mandatario correntino se refirió a las medidas de ajuste como “un mal necesario” y reconoció la importancia de achicar el Estado para brindar apoyo al empresariado. “El pacto fiscal no es agradable pero es necesario para que el sector privado este mejor”, subrayó.

Martes, 26 de diciembre de 2017