En una causa iniciada por la Oficina Anticorrupción de la Nación, ayer declaró una de los tres ex miembros del gabinete que están arrestados. Continúan buscando a quien fue intendente y a su esposa, quien también ya cesó su mandato como jefa comunal
pero ahora es concejal.

De los tres ex funcionarios comunales detenidos por presuntas anomalías en la administración de unos $45 millones enviados por Nación para la ejecución de varias obras en Perugorría, ayer sólo declaró una. En paralelo, seguía la búsqueda de quienes fueron declarados prófugos: quien fue intendente y concejal, Jorge Corona, y de su esposa Angelina Lesieux, cuyo mandato al frente del Ejecutivo terminó el pasado domingo, aunque en esa jornada inició su gestión como edil.
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El Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, ordenó el último miércoles la detención de cinco personas que en la Municipalidad de Perugorría habrían ejercido diferentes roles en la administración de fondos nacionales. Esta medida fue en respuesta a un pedido de la fiscal, Alejandra Talamona, en el marco de una causa iniciada por la Oficina Anticorrupción de la Nación, en la que se investiga una presunta asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos del Estado.
Fuentes vinculadas al caso explicaron que “si bien todos están procesados, son distintas las responsabilidades que habrían tenido, porque se cree que participaron en las irregularidades quien fue tesorera entre 2005 y 2015, Patricia Vera, como así también la ex secretaria de Gobierno, Sabrina Lammens, y el ex auditor Ernesto Mussio”. Al respecto acotaron que “habrían actuado como organizadores Corona y Lesieux”.
Precisamente, por considerar que los cinco tuvieron algún grado de participación en los delitos que se investigan es que fue ordenada la detención de todos ellos. No obstante, tal como informó el diario El Litoral, este miércoles arrestaron a Vera y Lammens. Por su parte, Mussio fue detenido ayer a la madrugada en Santa Lucía.
En tanto, Corona y Lesieux, fueron declarados prófugos ya que no lograron encontrarlos en el domicilio que ambos fijaron ante la Justicia. “Inclusive la persona que cuidaba el hogar donde supuestamente estaban viviendo ambos, intentó establecer comunicación telefónica con ellos y no respondieron”, señalaron fuentes confiables.
Por eso, los datos y fotografías de ambos fueron enviados a los distintos organismos de seguridad, entre ellos, la Interpol. Es que, según explicaron a este medio, “si Corona o Lesieux decidieron mudarse o viajar fuera de la provincia o del país, deberían haber notificado eso a la Justicia considerando que están procesados en una causa”.
Pero mientras ayer continuaba la búsqueda de los dos ex jefes comunales, las autoridades judiciales convocaron a los tres ex funcionarios que ya estaban detenidos en Curuzú Cuatiá, para que hicieran uso de su derecho de prestar declaración. Tanto Vera como Mussio, se abstuvieron. Sólo Lammens brindó su versión de los hechos que se investigan.

Investigación
Entre las medidas adoptadas en la causa para investigar las presuntas irregularidades en la administración de fondos nacionales, hace 14 meses, el Juzgado de Curuzú ordenó el allanamiento del edificio municipal y domicilios particulares en búsqueda de documentaciones. En esta oportunidad, fueron varias las cajas con papeles relacionados al caso que fueron incautados, los cuales posteriormente fueron sometidos a un peritaje económico. Tras ese proceso, fue emitido un informe y de allí habrían surgido una serie de supuestas anomalías en la ejecución de los recursos que mandó Nación para financiar la construcción de 40 casas (Techo Digno); una ciclovía, un puente, instalaciones para poner en valor la producción de la zona, entre otros.

Jueves, 21 de diciembre de 2017