La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya lamenta el
allanamiento al edificio municipal ordenado por el Juez Darío Ortiz el
pasado lunes 13 de noviembre del corriente año en horas de la mañana y
los posteriores operativos intimidatorios realizados en otras
dependencias municipales.

Nos parece inexplicable llevar a cabo un allanamiento para el
“secuestro” de un expediente de orden de pago a plazos; modalidad que
fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante en la Ordenanza
1927/17, ya que en la primera reunión de equipos técnicos de la actual
gestión y del intendente electo se les interiorizó acerca del estado
general del municipio, en temas sobre los cuales estaba puntualmente el
cheque de pago a plazos. Después de esta clara muestra de transparencia
y predisposición por parte del actual gobierno municipal era innecesario
este tipo de procedimientos pudiendo pedir el expediente como hicieron
otros jueces en otras oportunidades durante estos cuatro años.
Claramente es un avasallamiento institucional que ejerce el poder
judicial en connivencia con el gobierno provincial, tal como nos tienen
acostumbrados la alianza ECO-Cambiemos, acompañado de los hechos a nivel
nacional de represión y persecución política, poniendo en peligro el
Estado de Derecho.
Por todo ello alertamos a la comunidad de la preocupante situación,
primero con la proscripción del Intendente, quien estuviera habilitado
por nuestra Constitución Provincial y no conformes con ello arman
grandes despliegues mediáticos para deteriorar la imagen de una persona
que sin dudas se supo ganar el reconocimiento de los sectores más
vulnerables y populares, ubicándolo como un líder político
indiscutible, no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia.
Goya (Ctes.), 14 de noviembre de 2017


Martes, 14 de noviembre de 2017