Ni sombra del diálogo que tanto pide. El gobierno separatista de Cataluña puso rumbo a la fractura con un doble mensaje.

Por un lado, desechó la invitación a "debatir" en el Senado el "proceso independentista". Por el otro, el vicepresidente regional, Orion Junqueras, lo dijo claramente. "No queda más que declarar la república".

¿Cuándo podría ocurrir eso? Para esta tarde está convocado el Parlamento catalán. La sesión puede durar días, pero, tal como están las cosas, muchos esperan que en algún momento de ese pleno se declare la independencia.

Mientras, los sectores más radicales del gobierno del presidente Carles Puigdemont preparan ya "comités de resistencia" para "hacer frente" a la intervención de la autonomía que prepara el gobierno de Madrid. Entre ellos, los numerosos medios públicos de comunicación, que administra el gobierno catalán.

"La amenaza de intervención de los medios públicos catalanes supone un ataque directo a la ciudadanía y vulnera su derecho a recibir una información veraz, objetiva, plural y equilibrada", señaló un comunicado conjunto de la televisión, la radio y la agencia de noticias de la región.

Para Madrid y los partidos de oposición que lo apoyan, esos medios son poco menos que "usinas de propaganda" y su toma de control está en la agenda si las autoridades regionales no "retornan a la legalidad constitucional que rige para todos los españoles, sin excepción".

Todo era secretismo ayer en la sede del gobierno regional. Son momentos difíciles para el "presidente circunstancial", como el propio Puigdemont se autodefinió. Permaneció encerrado en su despacho.

Sabe que no tiene la "mayoría social" necesaria para una declaración unilateral. Que las empresas abandonan la región. Que su secretario de Empresa, Santi Vila, ya no sabe cómo decirle que el rumbo independentista es económicamente insostenible.

Lo que es evidente es que Puigdemont no puede con las presiones de los sectores radicales que le exigen ir adelante con la declaración de república. Si no lo hace, le quitan su apoyo y él se queda sin sustento para seguir en el cargo. Del otro lado, si declara la independencia y la sostiene, la Fiscalía del Estado le iniciará una querella por rebelión, delito que puede llevarlo 15 años a la cárcel.

Cuando faltan 24 horas para que venza el plazo que dispararía la intervención de su autonomía, la Generalitat es un cúmulo de tensiones y de versiones contrapuestas.

Al parecer, Puigdemont baraja tres escenarios. Uno, no declarar la independencia y, en cambio, llamar a nuevas elecciones regionales.

Dos, declarar la independencia en forma unilateral y que pase lo que pase. Tres, hacer una declaración institucional que, de alguna manera, le permita seguir navegando a dos aguas. Pero, en este último caso, lo que necesita es algo que evite la intervención de Cataluña. Y no parece claro que lo consiga si no da marcha atrás, por ejemplo con las leyes de "desconexión" de la región.

Jueves, 26 de octubre de 2017