La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará por primera vez un seguimiento particular al Estado Argentino ante la ofensiva contra los jueces laborales y el hostigamiento político y judicial a los trabajadores. A partir de la denuncia de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) citó a las partes a una audiencia para el 24 de octubre en Uruguay.

El Gobierno se deberá presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar “la avanzada oficial sobre los derechos de los trabajadores”, a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en julio de este año, ante los ataques discursivos y jurídicos contra este sector.

La CIDH convocó a ambas partes a una audiencia el 24 de octubre en Uruguay para hacer un seguimiento particular sobre la ofensiva de los jueces laborales y el hostigamiento político y judicial a los trabajadores de parte de los funcionarios nacionales. “Se agrede a sus defensores y la independencia del Poder Judicial para lograr su desprotección total”, manifestó a Página/12 Matías Cremonte, presidente de la AAL.

La denuncia a la que pudo acceder este diario, presentada el 13 julio de 2017, alerta que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada” porque hay “un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”. “Señalamos que hay cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”, explicó Cremonte.

El presidente de AAL alertó que para el Gobierno “es un escollo la garantía de los derechos laborales”, y destacó que eso quedó demostrado con sus consecuentes denuncias ante el consejo de la magistratura de camaristas que favorecían sus derechos. El Gobierno pidió que se abriera un juicio político contra Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (Afsca) --luego anulada por decreto presidencial--; contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios y recusó a Dora Temis, quien intimó al Ejecutivo provincial a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes.

El juez Arias Gibert, uno de los jueces denunciados, explicó a Página/12 la importancia de los juicios laborales: “El derecho del trabajo es la Constitución rompiendo el ámbito de lo doméstico, de la fábrica, para que en ese lugar esté el Estado y no se cometan violaciones a los derechos humanos”.

Para el magistrado, la agresión contra los juicios laborales es aún mayor porque “todos tienen el derecho a ser escuchados en un juicio, con lo cual si se dice que hay demasiados, se le está negando a una categoría de sujetos su categoría de ciudadano”. “En el derecho o hay ciudadanía o servidumbre y si estás de este lado, el poder de un hombre sobre el otro va a ser inmenso”, puntualizó.

La agresión de Macri contra la justicia laboral fue también discursiva. El Presidente propinó una catarata de declaraciones críticas y despectivas contra ese fuero y los abogados que llevan adelante los juicios por accidentes de trabajo, que se materializó luego con la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Macri aseguró más de una vez que existe una "mafia de los juicios laborales", que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos "los empleados pierden su trabajo". Para Arias Giberti el uso del término "no tiene goyete" porque "se avanza más allá de los límites de la lógica, de la experiencia para invocar el término y así crear un mito",

La AAL denunció ante la CIDH que acciones de poderes públicos están dirigidas a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar” la labor de los defensores de los derechos humanos y detallan que los ataques “indiscriminados y continuados” contra los abogados laboralistas “constituye una violación a la obligación de respeto a los derechos y libertades”.

“Las constantes agresiones discursivas tienen que ver con generar en la opinión pública un descrédito de la defensa de los trabajadores para poder llevar adelante la reforma laboral”, advirtió Cremonte y acusó al Gobierno de llevar adelante “ataques de facto contra los derechos de los trabajadores”. “Hubo centenares de despidos sin que el Estado intervenga ni para evitarlos ni para resolver las consecuencias sociales que eso genera, pero además se llama a modernizar los convenios colectivos de trabajo para reducir los salarios de los trabajadores. No hay modernización y pretenden una regresión de derechos”, resaltó categórico.

Miércoles, 27 de septiembre de 2017