El gobierno independentista catalán admitió este jueves que la vasta operación policial y judicial en la región complicaba la organización del referéndum de autodeterminación, pero mantiene su intención de celebrarlo apoyado por miles de manifestantes en las calles.

Tras la incautación por parte de la Guardia Civil de casi 10 millones de boletas, de documentación censal y la detención de altos cargos de su consejería de Economía, Oriol Junqueras el "número dos" del ejecutivo catalán reconoció las dificultades para seguir adelante con una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional pero el presidente regional Carles Puigdemont en un vídeo colgado en redes sociales afirmó: el escrutinio del 1 de octubre "se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo".

La presión contra esta consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional, se incrementa día a día y su celebración está en vilo.

Este jueves, el Tribunal Constitucional anunció multas de 12.000 euros diarios a los miembros de la junta electoral creada para organizar la consulta, si no renuncian.

El ministerio del Interior, mientras tanto, fletó tres buques que estarán fondeados en Cataluña para alojar refuerzos policiales.

Todo ello después de que 14 altos cargos del gobierno regional fueran detenidos el miércoles, al tiempo que se requisaban millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales.

Además, el gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la administración regional, excepto para el pago de servicios esenciales, que asumirá directamente Madrid.

"Es evidente que se han alterado las condiciones del juego, eso seguro", "no estamos pudiendo votar como siempre", había afirmado por la mañana el vicepresidente regional Oriol Junqueras, cuyo departamento estaba a cargo de organizar la votación.

Su número dos, Josep Maria Jové, era uno de los catorce detenidos el miércoles y también uno de los afectados por las multas de 12.000 euros.

El jueves por la tarde, 8 de los 14 arrestados habían quedado ya en libertad. Siguen detenidos Jové y el secretario de Hacienda del gobierno catalán, Lluís Salvadó, según una portavoz de la consejería regional de Economía.

Pese a todo, Puigdemont difundió en su cuenta de Twitter un enlace para que cada elector pueda ver dónde le corresponde votar el 1 de octubre.

Y en una tribuna en el diario británico The Guardian, pidió la intervención de la Comisión Europea ante un gobierno español que, en su opinión, "ha vulnerado la Carta europea de Derechos Fundamentales".

Por su lado, Rajoy tachó el miércoles de "quimera imposible" la celebración del referéndum, y pidió a los independentistas renunciar "a esta escalada de radicalidad y de desobediencia".

Las últimas actuaciones policiales crisparon los ánimos de los independentistas en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes.

Este jueves, miles de personas con banderas independentistas estaban concentradas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al Arco del Triunfo de Barcelona.

Bien entrada la noche, los manifestantes persistían con la intención de quedarse hasta que liberasen a todos los detenidos.

"Estamos muy quemados con todo lo que se está haciendo para impedir que un pueblo se exprese", dijo Ana Robredo, de 57 años y procedente de otra región española, La Rioja (norte).

"No soy partidario de la independencia. Soy partidario de que dejen votar, que la gente se pronuncie y opine libremente si quiere ser independiente o no. El referéndum calmaría las cosas unos años", opinaba cerca de allí Juan José Moya, conserje de un edificio situado en el céntrico Paseo de Gracia.

Por la noche, numerosos barceloneses hicieron repicar cazuelas y sartenes desde sus casas como protesta contra las acciones para impedir el referéndum y un centenar de manifestantes se concentraban frente al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona bajo el grito "libertad detenidos".

Rajoy, en el poder desde finales de 2011, rechazó negociar la organización de este referéndum que una buena parte de Cataluña reclama desde 2012.

Los conservadores del PP cuentan con el apoyo de los centristas de Ciudadanos y del principal partido opositor, el Partido Socialista (PSOE), que también pide una solución política al conflicto.

El FC Barcelona, las universidades públicas o el popular festival de música Primavera Sound criticaron también la reacción de Madrid. Y en el Gran Teatro del Liceo, símbolo de la burguesía catalana, los asistentes cantaron el miércoles el himno catalán, según mostraron videos en las redes sociales.

En el extranjero, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se mostró también crítica con el gobierno español, afirmando que le "preocupa" que "un Estado le niegue a un pueblo expresar democráticamente su voluntad".

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia.

En las elecciones regionales de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos, mientras que los partidos de la oposición recabaron un 51,28%.

Viernes, 22 de septiembre de 2017