Después de muchos años de lucha en nuestro país y a pesar de las interrupciones debido a los golpes de estado que ha sufrido, fortalecer nuestro sistema democrático ha sido el objetivo a pesar de los problemas institucionales que aún persisten.

No debemos olvidar que el voto es un derecho y una obligación, es la esencia misma de la democracia y requiere del esfuerzo y la participación de todos los sectores. Pero quienes deben garantizar los procesos, en este caso electoral son los tres poderes del estado que además deben tener fortaleza y jerarquía para regular las normas de convivencia social.

En países más serios que el nuestro, la justicia como institución debería ser la de mayor prestigio y reconocimiento social para garantizar que los derechos de unos y otros sean iguales.

No podemos tener un estado fuerte si ese reconocimiento se pierde, por arbitrariedades o atribuciones que se toman desde el poder judicial para favorecer a quien está en el gobierno y perjudicar a la oposición.

Los procesos electorales deben ser claros, transparentes e iguales para todos, no parece ser el caso en Corrientes, donde todos los procesos electorales están sospechados.

A menos de 20 días, dos de los distritos más importantes de la provincia no saben si sus candidatos van a poder competir por el cargo de intendente, el argumento de la justicia es que no tienen plazo para resolver. Como si fuera un tema menor, como si los plazos no fueran importantes. Paralelamente a ello el oficialismo que gobierna ya cuenta con boletas oficializadas que son utilizadas para una parte del proceso electoral que incluye entregar casa por casa la boleta del candidato oficial. No parece medirse con la misma vara, no es una compulsa con reglas claras e igualitarias.

Se corrompe el sistema que debiera ser la garantía constitucional más importante, tampoco se aplica acá el derecho constitucional de igualdad ante la ley.

Es triste que cada proceso electoral la justicia muestre su peor cara. Es triste que vivamos de promesa en promesa y que al final de cada ciclo de gobierno sigamos siendo la provincia más pobre del país.

Es difícil saber si el sistema político corrompió al judicial o viceversa, pero hay que decirlo, la pobreza extrema no es una elección, la pobreza se construye y en esto hay responsabilidad política y judicial.

Cabe preguntarse si la justicia es capaz de sacarse la correa que se autoimponen para preservar la cuota de poder de unos cuantos que han tomado por asalto al estado, violando asi, toda garantía constitucional.

Los jueces no están para favorecer al gobierno, no están para castigar a los herejes que no comulgan con determinada alineación política, están para garantizar que todos seamos iguales ante la ley.

No nos sirve de nada tener un poder judicial en el que nadie crea, no nos sirven los jueces que solo juegan a ser meros cumplidores de las órdenes del mandamás de turno.

Solo sirve la justicia si cumple lo que dice la ley.

Miércoles, 20 de septiembre de 2017